Si hay un artículo en esta ley revestido de especial cinismo, es el de la disposición adicional primera, según el cual, los pacientes a los que se les aplique la eutanasia se considerará que han muerto “de muerte natural”
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| Imagen referencial. Foto: Pixabay |
De esta manera, la ley de eutanasia superaba el principal
escollo antes de su entrada en vigor. Falta ahora la aprobación del Senado y su
publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de su definitiva
entrada en vigor en el ordenamiento jurídico español.
Ninguno de esos dos trámites supondrá un obstáculo para la
nueva ley. En el Senado los partidos que sostienen el gobierno, y principales
impulsores de la ley de eutanasia, también cuentan con la mayoría absoluta. En
cuanto a su publicación en el BOE, es un mero formalismo una vez aprobada la
ley en las Cortes (cámaras legislativas).
En cualquier caso, la aprobación de la proposición de ley
que regula la eutanasia no ha sido una sorpresa. Los partidos en el Gobierno,
el PSOE (socialistas) y Unidas Podemos (comunistas) tienen 165 escaños de los
176 necesarios para que la ley siguiera su camino legislativo.
Junto a ellos han votado a favor otros partidos políticos:
Bloque Nacionalista Galego (BNG), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Más
País, Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Candidatura de Unidad Popular
(CUP) y Ciudadanos.
Especialmente incomprensible ha resultado el apoyo del PNV y
de Ciudadanos, dos partidos que se suelen situar en el espectro ideológico de la
derecha conservadora o liberal y que tradicionalmente han atraído el voto de
numerosos electores católicos.
Sólo los diputados del Partido Popular (PP), Vox, y Unión
del Pueblo Navarro (UPN) han votado en contra de legalizar la eutanasia.
De esta manera, España se acerca un poco más a pasar a
formar parte de la lista de países donde la eutanasia es legal, como Bélgica,
Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Colombia, el Estado de Oregón en Estados
Unidos y el Estado de Victoria en Australia.
Una de las principales críticas que, desde diferentes
ámbitos, se ha realizado a la presente ley, es que ofrece la eutanasia a
pacientes de enfermedades terminales antes que los cuidados paliativos.
Esa es una de las principales diferencias entre el caso
español y de los otros tres países europeos donde es legal la eutanasia. Tanto
en Bélgica como en Países Bajos y Luxemburgo existen prestaciones de cuidados
paliativos, mientras que en España no existe ninguna ley que regule los
cuidados paliativos y muchos enfermos no tienen capacidad para acceder a ellos.
En la proposición de ley aprobada, se señala entre los
requisitos para acceder a la eutanasia el “disponer por escrito de la
información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y
posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos”.
Sin embargo, se obvia que en España hay 120.000 enfermos que
necesitan cuidados paliativos y el 50% (unas 60 mil personas), no los están
recibiendo.
Esas personas se quedarán ahora sin alternativa y la única
opción que se les ofrecerá para aliviar sus sufrimientos es el suicidio que,
mediante la presente ley, será gratuito y de acceso universal al quedar
incluido en el Sistema Nacional de Salud.
La ley prevé que sólo las personas que sufran una enfermedad
grave e incurable o una enfermedad grave, crónica e invalidante puedan acceder
a la eutanasia. Se excluye, por lo tanto, otros casos como el de “cansancio
vital”, propuestos por algunos partidos políticos que apoyaron la ley.
La ley incluye supuestas medidas garantistas para evitar la
aplicación de la eutanasia de forma indiscriminada en casos no previstos, como
la exigencia de “haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por
escrito, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas”.
Sin embargo, en la misma ley se señala que esas solicitudes
pueden ser fechadas y firmadas por otra persona si el enfermo está incapacitado
para hacerlo: “En caso de encontrarse este impedido físicamente para fechar y
firmar el documento, otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá
fecharlo y firmarlo en su presencia”.
Otro punto problemático de la ley es el que se refiere a la
objeción de conciencia de los sanitarios que se nieguen a participar en la
práctica de la eutanasia. La ley niega que la prestación de la eutanasia pueda
verse obstaculizada por ese derecho.
Aunque la ley reconoce que los profesionales sanitarios
“directamente implicados en la prestación de ayuda para morir tendrán el
derecho de ejercer su objeción de conciencia sanitaria”, se dice, al mismo
tiempo, que la eutanasia se realizará “sin que el acceso y la calidad
asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de
la objeción de conciencia sanitaria o por el lugar donde se realiza”.
Además, se los médicos que aleguen objeción de conciencia
para no realizar la eutanasia, quedarán registrados en un “registro de
profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para
morir”.
Pero si hay un artículo en esta ley revestido de especial
cinismo, es el de la disposición adicional primera, según el cual, los
pacientes a los que se les aplique la eutanasia se considerará que han muerto
“de muerte natural”.
“La muerte producida derivada de la prestación de ayuda para
morir tendrá la consideración de muerte natural a todos los efectos”, dice
dicha disposición.
Una ley aprobada con nocturnidad
En el debate previo a la votación, el diputado del Partido
Popular, José Ignacio Echániz, criticó el hecho de que la ley se haya aprobado
sin debate, sin los informes pertinentes. Obviando un informe contrario del
Consejo Español de Bioética, creado por los propios socialistas en el año 2007.
Se ha aprobado “sin audiencia pública, sin demanda social
alguna, salvo el lobby de la eutanasia”, denunció.
También advirtió de lo que sucede en los países donde ya
existen leyes parecidas: “Se han difuminado los límites, se han regateado las
garantías legales y se ha situado fuera de control. Se ha pasado de los
enfermos terminales a los crónicos, de los enfermos físicos y los
discapacitados e imposibilitados, a los enfermos mentales, de la voluntaria a
la involuntaria, incluso a niños, por ejemplo, con espina bífida, que en España
se operan con éxito”.
Afirmó que es “una ley injusta, es una ley inoportuna, y es
una ley inconstitucional”, “una ley que viene de una forma frívola,
atropellada, chapucera, con nocturnidad y alevosía, contra todos porque han
tenido miedo a un debate serio”.
Como alternativa defendió “los cuidados paliativos, el
tratamiento profundo del dolor, la sedación paliativa, el testamento vital”.
Defendió “la universalización de los cuidados paliativos. Su
extensión, su generalización en la atención primaria y especializada, en la
pública y en la privada, a domicilio, en el ámbito rural y urbano,
personalizada, integral, de calidad, de excelencia”.
También defendió “que nunca en España un enfermo pueda morir
con dolor o con sufrimiento, que deje de ser un privilegio, porque hoy la mitad
de quienes lo necesitan no tienen acceso a los cuidados paliativos”.
Explicó que “sin universalizar los cuidados paliativos no
hay posibilidad de elección. No hay libertad de elección, sólo se ofrece la
puerta de la eutanasia”.
“Esta ley es injusta porque va a actuar contra los más
débiles, contra los más vulnerables, contra los más deteriorados, contra los
más solos, contra los más indefensos, los más influenciables. Los que más
dependencia y menos autonomía tienen”, concluyó.
Por su parte, la diputada de Vox, Lourdes Méndez Monasterio,
definió la ley como “despiadada, inhumana e ilegítima”.
Con esta ley, argumentó, los diputados que la han votado han
quebrantado “el fundamento principal y la esencia del orden social y
democrático: el derecho a la vida”.
Señaló que “cuando a un enfermo se le cuida, se le acompaña,
ninguno quiere morir, pero ustedes sólo le ofrecerán la muerte”.
La presente ley, según la diputada, “es el mayor ataque a
las personas con discapacidad que hubiéramos podido imaginar”. “Es una ley
radical, eugenésica y criminal”.
La posición de la Iglesia
La Iglesia en España se ha mostrado especialmente crítico
con la ley de eutanasia. El Arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro,
advirtió que “es grave que avance la ley de eutanasia. La misión del hombre es
cuidar la vida, con todos los medios a su alance. La muerte provocada no es más
que el atajo fácil ante la debilidad y el dolor. Apostemos por los cuidados
paliativos y el acompañamiento”.
El Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia
Episcopal Española, Cardenal Juan José Omella, señaló que “cuando a uno le
quitan el dolor y siente la compañía de sus familiares y de profesionales,
desea vivir”.
El secretario de la Conferencia Episcopal, y Obispo auxiliar
de Valladolid, Mons. Luis Argüello, afirmó que, aunque se apruebe la ley de
eutanasia “la lucha de promoción de conciencia sobre la dignidad de la vida
humana y sobre los cuidados continúa”.
El Obispo de San Sebastián, Mons. José Ignacio Munilla,
afirmó que “una ley de eutanasia se traduce en una sutil y tenaz presión sobre
los más dependientes para que ‘decidan’ quitarse de en medio”.
El Arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares,
aseguró que la ley de eutanasia aprobada por el Congreso de los Diputados “está
en contra de la paz y rompe la concordia, no puede haber verdadera paz si no se
defiende y promueve la vida”.
En un reciente comunicado de la Conferencia Episcopal
Española, los Obispos españoles mostraron su sorpresa por el hecho de que la
tramitación de esta polémica ley se haya “realizado de manera sospechosamente
acelerada, en tiempo de pandemia y estado de alarma, sin escucha ni diálogo
público”.
Por ese motivo, frente a la ley, proponen “la promoción de
los cuidados paliativos, que ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor y al
acompañamiento integral, por tanto, también espiritual, a los enfermos y a sus
familias”.
Fuente: ACI Prensa
