El texto legal considera víctimas a los perseguidos por creencias religiosas y propone resignificar el Valle de los Caídos
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| Ministro de la Presidencia. Foto: EFE/Emilio Naranjo |
En su primera intervención en una
rueda de prensa tras la reunión del remodelado Gobierno, Bolaños ha puesto
énfasis en que la nueva ley, heredera de la Ley de Memoria Histórica de 2007,
cumple con los cuatro principios fundamentales que postulan los organismos
internacionales en materia de memoria histórica: verdad, justicia, reparación y
deber de memoria.
Amplio catálogo de medidas
El texto contempla, además, un
amplio catálogo de medidas ya recogidas en el anteproyecto que recibió el visto
bueno del Ejecutivo el 15 de septiembre y que «ha mejorado», según ha
garantizado, tras recoger sugerencias procedentes del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) o del Consejo Fiscal.
Entre ellas, según ha explicado
el ministro, se encuentran la obligación del Estado de acometer las labores de
recuperación de los restos de los desaparecidos o la creación de una Fiscalía
de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo.
Eso sí, ha apuntado que la
activación de esta Fiscalía no quita las limitaciones que siguen vigentes
respecto a la no retroactividad de las normas penales, al tiempo que ha
confiado en que durante su tramitación parlamentaria la ley recabe el mayor
apoyo posible.
Valle de los Caídos
Otra de las medidas del proyecto
de ley de Memoria Democrática tiene que ver con la extinción de la Fundación de
la Santa Cruz del Valle de los Caídos para
resignificar el enclave. Esto supone que la comunidad benedictina tendrá
que abandonar el lugar y que el Gobierno deberá establecer un nuevo marco
jurídico a través de un real decreto. Este determinará la organización, el
funcionamiento y el régimen patrimonial. En cualquier caso, está previsto que
la Iglesia siga presente allí.
Fuente: Alfa y Omega
