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| Foto: AFP. Dominio público |
El texto, titulado Para la libertad nos ha liberado Cristo y aprobado hace dos semanas por la Comisión Permanente de la CEE, recuerda que leyes de este tipo establecen «una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia». Y añade que, aunque no todas las formas de colaboración contribuyen a la realización de actos moralmente ilícitos, sí recomiendan evitar las acciones que puedan inducir a pensar que se están aprobando.
En concreto, el documento se refiere a los católicos con responsabilidades en instituciones del Estado, «con frecuencia sometidos a conflictos de conciencia». Dice lo siguiente: «Puesto que el deber más importante de una sociedad es el de cuidar a la persona humana, no pueden promover positivamente leyes que cuestionen el valor de la vida humana, ni apoyar con su voto propuestas que hayan sido presentadas por otros».
También institucional
Por otra parte, defiende que algunas instituciones puedan oponerse como tales a las legislaciones que atentan contra la vida. De hecho, considera «legítima» la objeción de conciencia institucional contra aquello que contradice el ideario de la entidad. Esta circunstancia afecta especialmente a las instituciones sanitarias católicas, a las que anima «a no plegarse a las fuertes presiones políticas y económicas que les inducen a aceptar la práctica del aborto o de la eutanasia».
Al igual que en el aborto y la eutanasia, el documento pide que se rechacen «antropologías contrarias a la visión cristiana del hombre, de la sexualidad, del matrimonio y de la familia». «El deber de los cristianos de respetar la dignidad de cualquier ser humano no implica la asunción de principios antropológicos contrarios a la visión cristiana del hombre. Los católicos tienen el deber de oponerse a la imposición de estas ideologías», recoge la nota, que se refiere, en concreto, al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.
Fran Otero
Fuente: Alfa y Omega






