La clave radicó en plantear en el juzgado no la vulneración del derecho de María a la vivienda, sino de un derecho universal como es la vida, porque quien está en situación de calle tiene una esperanza de vida de 30 años menos de media
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| Niña iraqui sin hogar en Calais (Francia). Foto: Reuters/Johanna Geron |
María (nombre ficticio) tenía un certificado de discapacidad, muchos
informes sociales de vulnerabilidad y llevaba nueve años pidiendo una vivienda
pública. Antes había vivido en la calle y por aquel entonces se encontraba en
una chabola, en Huelva. Un buen día le llegó una orden de desahucio. En ella le
decían que tenía un mes para irse del lugar donde vivía. Era una infravivienda
que no tenía condiciones mínimas de habitabilidad, pero para María era su
hogar.
Cáritas Diocesana de Huelva conoció el caso. «Nos planteamos que había un
objetivo concreto: que esa persona tuviera acceso a una vivienda digna, que no
fuera desahuciada sin tener un alojamiento alternativo. Pero nos planteamos
algo más: ¿por qué no proponer un litigio estratégico?», explica a Alfa y
Omega Sonia Olea, miembro del Equipo de Incidencia Política de Cáritas
Española.
El litigio estratégico es una herramienta jurídica que comienza a aparecer
en España, pero que desde hace tiempo es utilizada por las organizaciones
sociales en toda Europa para luchar contra injusticias y vulneraciones de
derechos humanos. «No se va a los tribunales solo para solucionar un problema
concreto de una persona o de una familia; se hace pensando que va a tener
repercusiones para muchas más personas», desarrolla Olea. Y no únicamente para
hacer cambios en lo jurídico, sino también para «sensibilizar e informar de
cómo están sufriendo y viviendo estas personas».
El pasado marzo Cáritas Española presentó una demanda por vulneración de
derechos fundamentales ante el Juzgado nº 3 de lo Contencioso Administrativo de
Huelva. Argumentó que las personas que están en la calle viven 30 años menos de
media que quienes viven en un hogar. Y que, al no concederle una vivienda
pública, se podía vulnerar el derecho a la vida de María. Así consiguieron que
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía otorgara medidas cautelares hasta
que la Administración pública la proveyera de una vivienda. No plantearon la
vulneración del derecho a la vivienda sino la vulneración de un derecho humano
universal como es la vida. Esa fue la clave. Cáritas lleva años luchando para que haya cambios en
las políticas públicas y utilizando medidas como la incidencia política y
también la reclamación jurídica. El paso al litigio estratégico «es la
siguiente fase, a la que se accede con toda normalidad».
Claves
• Cáritas lleva ya muchos años colaborando con trabajadores sociales,
parroquias y voluntarios para que detecten cualquier vulneración de un derecho
humano.
• El acompañamiento propicia que las personas vulnerables puedan reconocer
cuáles son sus derechos.
• El litigio estratégico sirve como reparación simbólica para todas las
personas con las que se comparte la discriminación y puede generar un efecto
llamada y más denuncias.
• Se puede perder el litigio y, aun así, haber conseguido ganar en
sensibilización, en acción política y en movilización dentro de la opinión
pública. Para Cáritas es también un mecanismo de acción e incidencia política.
«Hasta ahora las organizaciones sociales teníamos que ir hasta Naciones
Unidas a presentar comunicaciones contra el Estado español. Ya ha recibido ocho
condenas por vulnerar el derecho a la vivienda, que es lo que tiene
comprometido en sus tratados firmados». Pero «esto no funciona», afirma Olea.
Ahora han decidido basar los litigios estratégicos en qué derechos humanos se
ven vulnerados, como el derecho a la vida o a la dignidad.
La semana pasada, en CaixaForum Madrid, algunas organizaciones sociales se reunieron para compartir sus
casos y experiencias en este ámbito. En Europa tienen años de experiencia.
La Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con las
Personas Sin Hogar (FEANTSA por sus siglas en francés) planteó en 2006, junto a
la Fundación Abbe Pierre, una de las primeras reclamaciones colectivas que se
hicieron contra Francia. La demanda revisaba en detalle la situación de la
vivienda, en términos de obligaciones internacionales, legislación interna y
políticas públicas existentes. Como respuesta, en 2007 Francia introdujo una
ley que garantiza la protección jurídica y permite a sus ciudadanos exigir su
derecho a la vivienda ante un juez.
En el barrio de Pomecia, en Teruel, también hubo un caso de éxito. Gracias
a una sentencia en la que se personó la Fundación Secretariado Gitano se
consiguió impedir que fueran desalojadas sin una alternativa habitacional 96
personas: 31 menores y 14 con alguna discapacidad o enfermedad.
El caso de María, en Huelva, tuvo un final feliz; mejor incluso de lo que esperaba Cáritas Española. «Gracias a la presión ejercida con el litigio estratégico no nos hizo falta llegar al Tribunal Constitucional, porque el Ayuntamiento de Huelva le ofreció un piso», cuenta Olea. La victoria de María es la victoria de muchas personas que viven en infraviviendas. Una puerta jurídica abierta de la que muchos se podrán beneficiar
Álvaro Real Arévalo
Fuente: Alfa y Omega
