Sancionan
al cardenal de Barcelona por un funeral por los fallecidos por la Covid-19 en
la basílica de Gaudí: el gobierno sólo admitía a 10 personas dentro del templo
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| Pau BARRENA / AFP |
El gobierno de Cataluña ha
abierto un expediente sancionador contra el arzobispado de Barcelona por no
obedecer la norma impuesta de que solo entraran 10 personas en el funeral
por los fallecidos por la Covid-19, celebrado este domingo 26 de julio en la
basílica de la Sagrada Familia, obra del genial arquitecto Antonio Gaudí.
La Sagrada
Familia es el templo más emblemático y más visitado de Cataluña.
Sin embargo,
el pasado viernes el gobierno catalán sí autorizó la apertura del
famoso templo de la Sagrada Familia de Barcelona, y la entrada de turistas, en
un número muy superior.
El funeral,
al que asistieron unas 130 personas (menos de una cuarta parte del aforo) lo
presidió el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y
presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Tras
múltiples negociaciones y razonamientos, con todas las autoridades, municipales
y autonómicas, y ante la cerrazón del gobierno catalán, el cardenal Omella
decidió celebrar el funeral.
Asistieron familiares de los fallecidos, y personas que arriesgaron su vida
durante la pandemia, como médicos, enfermeras, personal sanitario, bomberos,
operadores de las ambulancias, periodistas, etc.
La ceremonia
fue retransmitida por varias emisoras de televisión y de radio. Ninguna
autoridad civil participó en el funeral.
Libertad
Por su parte, el cardenal Omella presentó
una causa judicial contra el Departamento de Salud catalán por intentar conculcar
“la libertad religiosa y la libertad de culto”, protegidos por la Constitución
Española.
Limitar el aforo a 10 personas es “injusto
y discriminatorio”, dijo
en una nota el arzobispado.
Esta es la
vez primera vez -que se recuerda- que el gobierno y la Iglesia en Catalunya se
enfrentan y el asunto es llevado a los tribunales de Justicia.
La actitud de
la Iglesia católica ha sido y es ejemplar en el cumplimiento de todas sus
obligaciones sobre el coronavirus, y las relaciones, desde el final del franquismo,
siempre habían sido amistosas y de cooperación entre ambas instituciones.
En su
homilía, el cardenal Omella destacó que se habían observado las más rigurosas
medidas de seguridad y que era justo celebrar este funeral que no
pudieron tener quienes murieron de coronavirus los pasados meses.
Apeló a la unidad entre todos, y al
espíritu de concordia para hacer frente a la crisis económica y social que provoca esta
pandemia.
En las otras
diócesis catalanas tampoco se siguió la orden de que entraran solo 10 personas
en las respectivas catedrales.
El gobierno
catalán actualmente es independentista y tiene abiertos muchos frentes, no solo
por los rebrotes del coronavirus en estos momentos, sino por el cierre de
empresas como Nissan, y de comercios, y el turismo, que pasa por unos momentos
muy duros este verano a causa de las decisiones de varios gobiernos europeos de
no enviar turistas a España, y a Cataluña en particular, a causa de los nuevos
rebrotes del virus.
La recuperación de la vida económica y
social de Cataluña va a ser muy dura, como la de toda España, y una gran parte
de Europa y América.
Para esta
recuperación se necesita unidad, cooperación entre las distintas instituciones,
diálogo y comprensión. Solo le faltaba al gobierno catalán el problema de
enfrentarse a la Iglesia, permitiendo la apertura de lugares de culto solo a 10
personas, en todos los casos.
Desde el
arzobispado se dice: ¿Cómo se pueden celebrar los funerales
con solo 10 personas? Es decir, con el cardenal como celebrante, cuatro ayudantes
y unos monaguillos. “Esto es ridículo y va contra el derecho al
culto y a la libertad religiosa”, dicen fuentes del arzobispado.
En el templo
expiatorio que es la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona se celebraron
el domingo con toda solemnidad los funerales de los miles que murieron en el
silencio y la soledad, sin poder ser asistidos, ni por sus familiares, ni por
los sacramentos.
Ahora muchos
familiares han recibido el consuelo de una ceremonia
religiosa, como hubieran querido en medio de la pandemia y que
no fue posible.
Más choques
Por otro lado, y para abundar en buscarse
problemas con la Iglesia, la consejera de Justicia del gobierno
catalán, Ester Capella, quiso, en un informe, reclamar algunos bienes de la
Iglesia, porque los considera indebidamente immatriculados.
El arzobispo
de Urgell, Joan Enric Vives, protestó la semana pasada por este informe que,
dijo, no se ajusta ni al derecho ni a la historia.
Lo mismo dijo
después, en una nota, la Conferencia Episcopal Tarraconense, formada por diez
diócesis, diciendo que la Iglesia no se ha apropiado absolutamente de nada que
no era suyo.
Antes no era
necesario inscribir los bienes de la Iglesia -templos, catedrales, basílicas,
templos, capillas, seminarios, edificios y terrenos parroquiales- en el
registro de la propiedad, dado que esta ha hecho uso de ellos desde hace
siglos.
Ahora la legislación
española dice que hay que darles una titularidad y la Iglesia los ha inscrito
en el registro de la propiedad.
Salvador Aragonés
Fuente: Aleteia
