La nueva ley «vulnera varios artículos de la Constitución»
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| Partidos políticos de la oposición anunciaron también que llevarán la nueva ley al Constitucional |
Para ello, importantes
médicos han escrito al Tribunal Constitucional para pedir la
paralización de la ley de la eutanasia, explicando los graves problemas
legales, bioéticos, médicos y procedimentales de una ley aprobada en plena
pandemia, sin diálogo y sin tener en cuenta a los expertos.
La misiva ha sido firmada por Salvador González Barón, catedrático emérito de Fisiología
Humana de la Universidad de Málaga; Manuel González Barón, director honorario de la cátedra de
Oncología y Medicina Paliativa y jefe (jubilado9 del servicio de Oncología
Médica del Hospital La Paz; Manuel
García del Río, profesor titular de Pediatría de la Universidad de Málaga;
y Álvaro Gándara del
Castillo, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
Estos médicos presentan a los magistrados una serie de argumentos
que justifican la retirada de una ley que en primer lugar ha sido aprobada por
las Cortes “recurriendo a un procedimiento parlamentario no adecuado”. El PSOE
lo ha hecho como proposición de ley y no como proyecto de ley tal y como
procedía por ser de gran trascendencia el asunto a legislar para “prescindir del informe del Consejo
de Estado, como es preceptivo. Tampoco ha aceptado tener en consideración
al Comité de Bioética de España, ni a las organizaciones profesionales de
Medicina y Enfermería, Sociedades Profesionales y del Consejo General del Poder
Judicial”.
En su escrito recuerdan que esta ley “nos afecta gravemente a
todos, pues crea una
situación de inseguridad jurídica sin precedentes para las personas más
frágiles. Lo que la hace profundamente injusta. Las deja sin alternativas,
puesto que los cuidados sociales o las ayudas a la dependencia no llegan a
todos ni en tiempo ni en forma. No aborda la grave situación de pacientes
vulnerables. En España, aproximadamente de 200.000 enfermos que necesitan
Cuidados Paliativos, unos 80.000 fallecen al año sin poder acceder a estas
Unidades. Para muchos la ley ofrece, o vivir con sufrimiento, o la muerte”.
Ateniéndose a las experiencias en otros países, estos médicos
explican que “en muchos
casos las personas más vulnerables se considerarán una carga. Es la
consecuencia de tomar la calidad de vida cómo referencia fundamental para
mantener la vida, con lo que se entenderá según la ley de Eutanasia que hay
vidas sin valor”.
Por otro lado, la misiva recuerda al Alto Tribunal que en
numerosos códigos jurídicos de los grandes países europeos no se contempla la
eutanasia y que expertos mundiales como el profesor Daniel Callaghan,
cofundador de la Bioética, llega a definirla como “la legitimación del asesinato mutuamente acordado”.
“La compasión ante
el sufrimiento no puede nunca legitimar la eliminación de la persona que sufre. Ni
la autonomía del paciente tiene carácter absoluto para decidir lo que puede
hacer. De ello hay ejemplos múltiples en cualquier legislación. La ley no trata
de aliviar el sufrimiento sino de terminar con la vida de las personas que
sufren sin que se empleen tratamientos específicos como la sedación correcta y
éticamente aplicada.”, insisten los médicos, la mayoría expertos en pacientes que
afrontan la muerte.
Igualmente, la carta explica a los magistrados que conforman el
Constitucional que “con la ley de eutanasia se ha creado un nuevo derecho subjetivo individual, matar,
que se le niega a muchas personas, ya que no se puede ejercer más que en un
contexto eutanásico”.
Pero además, los médicos destacan que “ese derecho a poner fin a la propia vida no existe, rompiendo
todos los principios jurídicos universales y por supuesto es
incompatible con lo que recoge la Constitución Española (artículo 15) y el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vulnera por tanto varios artículos de la
Constitución. Y además no respeta el principio de Proporcionalidad, ya que
debería haber legislado previamente sobre la Ley de Cuidados Paliativos. Más
aún, lo recoge como una prestación pública, tomando como ejecutor al médico. Si
un facultativo se niega, se pone en la tesitura de denegar un derecho
fundamental. Lo que coloca al médico en una situación de franca ilegalidad”.
Siguiendo con esta problemática, los facultativos señalan que “la obligación de la inscripción
previa en un registro de objetores de conciencia, impuesta a los
profesionales que se oponen a practicar la eutanasia y el suicidio médicamente
asistido no es legal ni legítimo ya que plantea serias dudas por posibles
repercusiones que podrían darse en la promoción profesional de los que se
oponen a aplicarla. Más objetivo y justo sería que esa relación para las
autoridades sanitarias, se realizara de aquellos profesionales sanitarios que
están a favor de la eutanasia”.
Los firmantes tienen claro que la alternativa real a la eutanasia
es "promulgar una ley
nacional de Cuidados
Paliativos para garantizar el acceso universal a estos cuidados
como parte fundamental de la cartera de servicios del Sistema Nacional de
Salud. Pero en nuestro país no se ha querido apostar por promover los Cuidados
Paliativos. Las cifras comparativas con los países de la Unión Europea lo ponen
de manifiesto. Mientras en estos hay una cifra media de 2 Unidades de
Paliativos por cien mil habitantes, en España es de 0.6”.
Puedes
adherirte a esta carta enviada al Constitucional AQUÍ
Fuente: ReL
