Según la corporación Latinobarómetro -edición 2021- que comprende a 18 países, para este año la confianza de la población en la Iglesia es superior a la confianza de los latinoamericanos en las instituciones democráticas. Pero aquí un caso concreto, el de Venezuela
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Que
Venezuela haya ocupado el último lugar en el Índice de Estado de Derecho 2021
de World Justice Project, donde entre 139 países se mide la salud de la
legalidad en cada nación, eso es previsible. Esto dada la situación por todos
conocida. El informe acaba de ser publicado.
El asunto serio es lo que hay detrás. Se informa que entre las
razones que ubican a Venezuela en el último lugar de la lista, están las
relacionadas con los límites del poder del gobierno, el cumplimiento de las
leyes y la justicia penal. Eso es muy grueso.
Poder sin
límite
En Venezuela el poder cada vez es más discrecional e impune. Las
leyes poco a poco se han convertido en un traje a la medida del régimen
imperante. Además la justicia penal está «echada», vergonzosamente al servicio
de un proyecto político totalitario.
El vía crucis familiar
Una muestra patente es lo que viven los presos políticos en el
país. Como dice el jesuita Alfredo Infante, director
del Centro
Monseñor Arias Blanco, lo de ellos y sus familiares es un verdadero
vía crucis:
“La situación de desprotección y violación de derechos humanos que
viven los presos políticos en Venezuela configura un patrón sistemático, que
expresa una política de criminalización de la disidencia y que puede ser
catalogado como crimen de lesa humanidad”.
Recordó varios casos que le ha tocado seguir de cerca:
“El jueves 14 de octubre se comunicó con nosotros Belitza Petit,
esposa de Omar de Dios García. Omar es miembro del equipo jurídico de la
diócesis de Coro y activista de DD.HH. de la organización Fundaredes (capítulo
Falcón), y se encuentra arbitrariamente detenido por razones políticas. Cuando
arrestaron a Juan de Dios y a los hermanos Rafael y Javier Tarazona (miembros
de Fundaredes), el patrón aplicado fue el de detención y desaparición forzada.
Luego, y gracias a la difusión del hecho por las redes sociales, se pudo saber
el lugar donde los tenían recluidos. Desde entonces se encuentran
incomunicados. Los familiares están angustiados”.
«No matar»
Terminó con un ruego: “En nombre de Dios, hacemos un llamado a la
conciencia de los responsables de las instancias decisorias, para que recuerden
y se dejen interpelar por el mandato de Dios “no matar” y vuelvan su corazón al
hermano, respetando la vida, para recuperar el Estado de derecho y el
reencuentro como país”.
Hay un caso, tal vez el más emblemático por sus características y
su rango, un concejal en ejercicio, electo por el pueblo, de ejecutoria
intachable, asesinado estando detenido por la policía del régimen. Es el que
tiene que ver con Fernando Albán.
Crimen sin castigo
El 8 de octubre pasado se cumplieron tres años del asesinato del
concejal Fernando Albán mientras estaba bajo la custodia de funcionarios del
Sebin, en Caracas. «A tres años del asesinato del concejal Fernando Albán
persiste la impunidad. Ni autores materiales ni la cadena de mando del Sebin
han sido sancionados», escribió en un tuit la ONG Provea.
Recapitulando, recordamos que inicialmente el gobierno aseguró que
el concejal Fernando Albán se había suicidado en la sede del Servicio Bolivariano
de Inteligencia Nacional en Caracas. Luego, el ministro de Interior, Justicia y
Paz, Néstor Reverol, relató que el concejal había estado en la sala de espera
del Sebin de Plaza Venezuela para ser trasladado a la corte, cuando se lanzó
por una ventana provocando su muerte. Posteriormente, el mismo Fiscal General
admitió que fue asesinado en ese lugar y su despacho solicitó orden de
aprehensión contra los dos funcionarios del Sebin que lo custodiaban. La ex
Fiscal Ortega Díaz aseguró, por su parte, que la autopsia efectuada al cadáver
fue practicada por una persona sin credenciales para ello.
En efecto, la Misión Internacional en Caracas entrevistó a un
experto forense especializado en los Protocolos de Estambul y Minnesota, el
doctor Ozkalipci. El especialista indicó que las fotografías y la información
revelaron que la calidad profesional de la autopsia estaba muy por debajo de
las normas internacionales. El médico forense hizo constar a la Misión que
tampoco consiguió indicios de que quienes realizaron la autopsia hayan buscado
pruebas de tortura o malos tratos, violencia sexual, asfixia, drogas
alucinógenas o sedantes.
Declaraciones contradictorias
Informes forenses con contenidos diferentes, firmados por médicos
distintos con credencial de “médicos integrales comunitarios”, fueron
entregados a la familia. Los funcionarios bajo cuya custodia estaba Albán
ofrecieron declaraciones contradictorias con la versión oficial de los hechos
que llevaban a la conclusión de que no hubo suicidio alguno. La ventana por
donde supuestamente habría saltado no lo permitía por su estructura y, ¡oh
detalle!, las grabaciones de las cámaras de seguridad del décimo piso –donde
tenían a Albán- no existían.
Otro que hizo escuchar su opinión fue el ex decano emérito de
American University Washington College of Law (Auwcl) y profesor de la Academy
on Human Rights, Claudio Grossman, quien indicó que el Fiscal nunca llamó a los
familiares de Albán para hacerle una autopsia independiente. “El abogado del
concejal Fernando Albán fue perseguido y tuvo que salir de su país. Hay una
responsabilidad de las autoridades superiores en este asesinato”, advirtió.
Entre malabarismos se diluye un crimen
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de Nicolás
Maduro anunció, a dos años del asesinato del concejal Fernando Albán, que los
cargos imputados contra del Sebin fueron anulados.
Entre recovecos legales para retrasar la causa y enterrarla, tanto
como malabarismos para confundir a la opinión pública, lo cierto es que ese
crimen sigue sin castigo, lo cual es otro crimen. Y es la responsabilidad del
Estado la que está comprometida acá.
Importantes revelaciones
Ha sido la Iglesia la que ha denunciado con mayor fuerza el caso.
Otras ONG también lo han hecho pero, siendo Fernando Albán un joven político,
católico comprometido, la institución alzó su voz de manera contundente.
Especialmente el recientemente fallecido cardenal Jorge Urosa Savino, amigo
personal de Albán, fue tajante en el momento en que ofició la misa de cuerpo
presente: “Albán era un hombre sereno y de gran entereza, eso es completamente
extraño” (el que se haya quitado la vida). Por esta razón, desestimó la versión
y pidió justicia.
Al cumplirse un año de “la trágica muerte” del concejal Albán, el
arzobispo emérito de Caracas reclamó nuevamente “una investigación imparcial y
que los responsables sean castigados”. Y así, cada vez que se repetía la fatídica
fecha.
Mario Massone, abogado y amigo de Albán escribió en octubre de
este año: “Fui testigo de excepción del inmenso esfuerzo del Cardenal Urosa
Savino por la integridad de la vida de su amigo Fernando Albán”. Asevera que
intentó salvarlo tanto como pudo.
Urosa
Por esa vía, hizo revelaciones muy importantes al portal Analítica sobre
las gestiones del prelado:
“A tres años del asesinato de Estado de mi amigo Fernando Alban,
revelo hechos desconocidos para la opinión pública sobre la intercesión del Cardenal
Urosa para evitar lo que sucedió. El 6-8-2018, apenas supe del arresto de
Fernando en Maiquetía fui a asistirlo. Camino a la Guaira, recibo una llamada y
me informan que a Fernando ya lo estaban trasladando, por lo que llamé de
inmediato al Cardenal Urosa para ponerlo en autos y me pidió que fuera a verlo
a su residencia en La Florida.
Ya en su casa, lo primero que hicimos fue grabar un video en el
que el Cardenal Urosa exigía el respeto a los derechos e integridad física de
Fernando. Envié el video a Primero Justicia (partido al que pertenecía Albán) y
a los medios. Después, el Cardenal Urosa llamó a dos abogados de
prestigio pidiendo apoyo para Fernando. Luego, fui testigo de las llamadas que
el Cardenal Urosa hizo para obtener tanto el número del despacho como el
celular del ‘Fiscal’ Tarek W. Saab para pedirle explicaciones. Saab se negó a
atenderle. El Cardenal Urosa me dijo: ‘Memo, esto no pinta bien'».
Una agenda acertada
Es un caso que traemos a colación por ser un recordatorio trágico
que tiene el mes de octubre como marco y porque el deber de toda la sociedad es
hacer que se les escuche en todas las latitudes, denunciar la injusticia e
impedir que se olviden los casos, de manera de protegerse y evitar que se
repitan. Pero también porque explican la razón por la que todos los barómetros
sitúan a la Iglesia en un lugar especial en el corazón de la ciudadanía. Porque
es a través de testimonios concretos como se pone por obra aquello en lo que se
cree. Es lo que predica y es lo que hace.
La confianza en la Iglesia
Es un caso de Venezuela el que hemos citado, por su actualidad y
dramática pertinencia; pero un repaso por la realidad, uno a uno, de nuestros
países encuentra a la iglesia en primera línea en defensa de la vida –en
cualquiera de sus formas- de la libertad, de la dignidad, del derecho de la
gente a ser escuchada. Acompañando a la gente en sus problemas y penurias.
De hecho, se desarrolla un Sínodo bajo esa premisa: la necesaria escucha.
Mientras tanto, el estamento político anda centrado en la agenda
del poder, del juego político, pendientes de elecciones y beneficios puntuales,
de puestos y de pugnas estériles, a su aire y en sus tiempos cuando las
urgencias de la gente están en otra agenda, la de los necesitados, los
oprimidos y perseguidos, los que claman por justicia y los olvidados y abusados
por gobiernos autoritarios que se disfrazan de democracias.
No extrañan, pues, ambos índices, el de Venezuela detrás de la
ambulancia en cuanto a vigencia del Estado de Derecho y la Iglesia punteando en
la confianza de la gente, aún por encima de las maltrechas instituciones
democráticas.
Porque en la agenda de la Iglesia de Venezuela está la gente y la
fuerza de su voz estriba en que ni prebendas -porque no las busca- ni
amenazas -porque no las teme- pueden callarla.
Macky Arenas
Fuente: Aleteia
