Cáritas y la Fundación Foessa presentaron la primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia
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En el informe se ofrecen muchos
datos de cómo ha sufrido España socialmente la pandemia del coronavirus. Según explican, “ha sufrido un “shock” sin
precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad
económica y el empleo a causa de la irrupción del SARS CoV-2”.
Son muchos los aspectos
analizados. Llama poderosamente la atención la situación de los jóvenes: “Ser
joven, un factor de exclusión en sí mismo”. “Según los resultados que arroja el
informe Foessa, en España hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años
afectados por procesos de exclusión social intensa y multidimensional que les
impide realizar proyectos de vida para transitar hacia la vida adulta”,
explican.
“Hay un grupo de jóvenes
-subrayaba en la rueda de prensa Raúl Flores, coordinador del Equipo de
Estudios de Cáritas y secretario técnico de FOESSA- que ha experimentado ya dos
crisis muy importantes justo en una fase esencial de sus proyectos vitales en
los que se plantea la transición al empleo, a la vida adulta, la emancipación o
la construcción de nuevos hogares: a los que tenían 18 años en 2008 les ha
alcanzado la crisis de 2020 con 30 años”.
Las consecuencias de la crisis en
los migrantes
El informe también explica que
“la población inmigrante es la más perjudicada en varios frentes”. “El 50,3% de
los hogares con extranjeros están en situación de exclusión social en 2021, es
decir, la exclusión social en estos hogares es casi tres veces mayor que en los
hogares españoles”, explican.
“La población inmigrante además
ha sufrido una tasa de incidencia de la Covid-19 casi 3 puntos porcentuales
mayor que entre la población de origen español. Las razones son claras: unas
peores condiciones de vida, con viviendas peor ventiladas por las condiciones
de acondicionamiento de la vivienda y con más hacinamiento; así como menores
recursos para adoptar medidas preventivas y una mayor exposición por sus
empleos”.
Desigualdades, paro y las brechas
digitales y de género
En el informe también se analiza la situación de paro de
larga duración, que “ha alcanzado a 800 mil familias y el desempleo total
familiar, casi se ha duplicado, es decir hay casi dos millones de núcleos
familiares donde todas las personas activas están en paro”.
Natalia Peiró, secretaria general
de Cáritas, explicó: “uno de los aspectos diferenciales de esta crisis es la
profundización de la brecha de desigualdad en nuestra sociedad, donde los
grandes damnificados por la Covid-19 son precisamente las personas y familias
más frágiles y desfavorecidas, a quienes no ha llegado las respuestas públicas
del denominado escudo social”.
Otras de las situaciones son un
nuevo factor de exclusión social: “la desconexión digital, el nuevo
analfabetismo del siglo XXI” y la brecha de género: “la crisis ha tenido más
impacto en sectores más feminizados, como el comercio o la hostelería, lo que
ha implicado un retroceso mayor para muchas mujeres en términos de integración
social”.
Finalizan la nota de prensa del
informe con una serie de propuestas:
1. Mantener de manera estable
para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la
vivienda o la protección social con las necesarias adaptaciones a periodos de
estabilidad económica. El reto del sistema de protección social es evitar que
estas nuevas situaciones de vulnerabilidad e intensificación de la exclusión
severa se transformen en crónicas.
2. Mejorar la cobertura del
Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social para corregir el
desequilibrio entre la protección social de la población laboral estable y
aquella que es precaria o en situación de exclusión social. De los 850.000
hogares beneficiarios previstos inicialmente, a septiembre de 2021, sólo
315.913 hogares, el 37% de los previstos inicialmente. Una media de 2 personas
beneficiarias por cada 10 personas en situación de pobreza severa en España.
3. Reimpulsar el modelo de estado
de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los
derechos como canal para la inclusión social y el “rescate” de los sectores más
excluidos.
4. Implementar medidas que
reduzcan la hiperflexibilidad, mejorando la organización social del tiempo de
trabajo también en los empleos de sectores excluidos, no cualificados, en
empleos temporales y precarios – los sectores llamados “esenciales” de la
limpieza, la hostelería y las labores agrícolas entre otros -, y que acaben con
las situaciones de irregularidad.
5. Deberían complementarse, así
mismo, los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de
estímulos al empleo, bien a partir de prestaciones complementarias para los
trabajadores de bajos salarios, bien como deducciones fiscales reembolsables.
6. Entre los retos pendientes,
también está el de garantizar un sistema de salud público de calidad y el de un
cambio de estrategia y paradigma en el ámbito de la atención a personas en
situación de dependencia y con necesidad de cuidados.
7. Poner en marcha políticas
frente a la exclusión residencial, ya que desde 2018 se ha duplicado el
porcentaje de hogares que residen en viviendas insalubres (hasta el 7,2% en
2021) o en situación de hacinamiento (hasta el 4% en 2021). Además, la COVID-19
ha hecho empeorar o tensionar la mayoría de los indicadores de acceso y
mantenimiento de la vivienda. Casi se duplica el número de hogares, pasando de
1,1 a más de 2 millones, que sufrieron retrasos, o no tuvieron dinero
suficiente, para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda,
como el pago del alquiler o la hipoteca.
8. Superar la brecha educativa
provocada por el apagón digital. Las políticas públicas deberán poner los
medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital.
Por término medio, en 2020 un 15% de los hogares con menores de 15 años indican
que sus calificaciones son peores que en 2019. Un porcentaje que aumenta de
forma considerable en los hogares más vulnerables: el 31% de hogares en los que
viven niños, niñas y adolescentes (NNA) de minoría gitana y el 25% de hogares
del cuartil más bajo de ingresos.
9. Avanzar hacia servicios
sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI. Ante los enormes
retos globales que afrontan las políticas sociales como son, entre otros, el
envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión social, la
protección de menores vulnerables y la integración de la población inmigrante,
precisamos de servicios sociales adaptados a las nuevas realidades sociales.
Álvaro Real
Fuente: Aleteia
