El Gobierno del Ayuntamiento de Castellón (España) gobernado por socialistas y comunistas insiste en trasladar la histórica cruz del Parque de Ribalta instalada en los años 40 del siglo XX en la ciudad
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| Norberto Domínguez, director de Campañas de la Fundación de Abogados Cristianos. Crédito: M. Riesco / Abogados Cristianos |
Pese a que el traslado estaba
anunciado para este miércoles, cerca de las 23 horas del día anterior comunicó
que se aplazaban hasta nuevo aviso las actuaciones, alegando que se está
construyendo una estructura de hierro para que la cruz no se vea
perjudicada en la maniobra.
Los operarios del Ayuntamiento sí
han rodeado pese a todo el monumento con vallas como estaba previsto.
Sin embargo, la decisión de
paralizar el traslado parece responder a las actuaciones judiciales puestas en
marcha por la Fundación de Abogados Cristianos, que lleva desde hace años dando
la batalla judicial para preservar la libertad religiosa en este caso.
Esta mañana,
Norberto Dominguez, director de Campañas de Abogados Cristianos, ha explicado
que han interpuesto una querella contra la concejal que ha firmado la orden de
traslado por prevaricación. La decisión se debe a que en la orden se establecía
un plazo de 20 días para presentar alegaciones al traslado de la cruz.
“Ese plazo vence el 9 de agosto,
hoy estamos a día 3. Y sin embargo, quieren tirar la cruz hoy. Se han dado
cuenta de que no pueden y no les ha quedado otra alternativa que dar marcha atrás”
detalla Domínguez.
Aunque la idea inicial era el
derribo de la cruz, el Ayuntamiento había llegado a un acuerdo para trasladarla
a un espacio propiedad del Obispado de Castellón, en una explanada junto a la
iglesia de Santo Tomás.
La Fundación de Abogados
Cristianos considera que esa medida es “razonable como medida temporal”, según
expresa su director de Campañas que anuncia que van a “seguir luchando para que
la Cruz del Ribalta se quede donde debe estar, que es el Parque Ribalta, que no
hace daño a nadie”.
A juicio de Domínguez, “la
libertad religiosa tiene una dimensión pública que no se puede negar. Lo ha
dicho la más alta jurisprudencia europea y por lo tanto nosotros vamos a luchar
porque se mantenga donde está sin gastar el dinero de los ciudadanos para
trasladar esta cruz”.
Recusación de un juez por
indicios de imparcialidad
Por otro lado, Abogados
Cristianos ha anunciado que va a presentar un escrito de recusación contra el
juez David Yuste Espinosa que, de manera sistemática, ha rechazado todas las
iniciativas en defensa de la libertad religiosa presentadas por la
Fundación.
Domínguez ha explicado que la
recusación (que se inhiba de juzgar estos casos por su aparente falta de
imparcialidad) se debe a tres razones.
La primera, que a este juez no le
llegan los casos en los que actúan Abogados Cristianos por turno “sino que él
pide nuestros casos”, ha denunciado Domínguez. En segundo lugar, porque se los
pide con la intención de desestimar todas las actuaciones de los juristas
cristianos y, en tercer lugar, por “su conflicto de intereses” debido a su
vinculación a partidos de izquierda que tienen en el punto de mira a la
cruz.
En el escrito en el que se
plantea el “incidente de recusación” al que ha tenido acceso ACI Prensa se
defiende que hay “indicios más que razonables de una imparcialidad jurídica
comprometida” debido a su “animadversión hacia todas las causas interpuestas”
por Abogados Cristianos.
Además, se señala que el juez
tiene “familiares de primer y segundo grado que han ostentado un cargo político
designado por el PSOE o que han sido nombrados para un puesto político de la
administración también a propuesta del PSOE y Compromís”, partidos involucrados
en la retirada de la cruz.
Este hecho, defienden desde
Abogados Cristianos “sería motivo más que suficiente para que el propio juez se
hubiera inhibido, en lugar de solicitar expresamente enjuiciar los casos que
esta parte tiene contra ayuntamientos gobernados por PSOE y Compromís para
proceder sistemáticamente a la exoneración de dichos ayuntamientos y con
expresa condena en costas a esta parte, a modo disuasorio”.
La Fundación de Abogados
Cristianos sostiene además que las decisiones de este juez en los casos en los
que actúa, vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez
imparcial, con lo que se provoca una situación de indefensión.
El equipo de gobierno formado por
partidos de izquierdas tiene en su punto de mira la cruz del Parque de Ribalta
que fue instalada en los años 40 bajo la leyenda, común en la época en honor a
los “Caídos por Dios y por España”. Ya en el año 1979 se sustituyó la leyenda
por la de “Las víctimas de la violencia”.
Tras la entrada en vigor de la
Ley de Memoria Histórica en 2007, muchos han sido los Ayuntamientos y
administraciones públicas, incluido el Gobierno de la Nación, que han tratado
de derribar cruces colocadas en lugares públicos a lo largo de la segunda mitad
del siglo XX, incluida la más grande del mundo, en el Valle
de los Caídos.
En este caso, además, apoyados en
la Ley de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana aprobada en 2017, bajo
la consideración de la cruz como “vestigio del franquismo”.
Por Nicolás de Cárdenas
Fuente: ACI Prensa
