El Gobierno está decidido a acabar con la escuela concertada en España
La
ministra de Educación, Isabel Celaá, ha anunciado que modificará
el artículo de la LOMCE que establece la oferta de plazas en función de la
llamada «demanda social».
El
término demanda social permite a los colegios financiados con fondos
públicos sacar más plazas si así lo demandan las familias. La propuesta de la
también portavoz del Ejecutivo es eliminar dicho término de la ley.
Celaá
ha indicado que la red pública tendrá preminencia en la programación de oferta
de plazas escolares, mientras que la concertada será complementaria de las
necesidades de escolarización. En los centros concertados estudia el 25%
del alumnado español.
La
ministra no
esperará a que se produzca un Pacto Educativo estatal, y ha asegurado que la
reforma se llevará a cabo de «forma urgente».
La
ministra también ha indicado que que abrirá un diálogo con los colegios que
imparten educación diferenciada –alumnos separados por sexo–, ya que, a su
juicio, «contraviene los principios generales de la educación inclusiva y la
coeducación». Ignora así las sentencias dictadas en España a favor de ese tipo
de educación.
Igualmente,
ha confirmado que la asignatura de religión no será computable y no tendrá
alternativa, ya que la nueva asignatura de valores cívicos será obligatoria
para todos los alumnos.
Con
estas afirmaciones el actual gobierno contravendría absolutamente el derecho de
los padres a elegir el centro educativo para sus hijos y la libertad religiosa
tal como la interpretó el Tribunal Constitucional, apoyándose en doctrina y jurisprudencia
reiterada anterior, en su sentencia de abril
de este mismo año 2018.
Aunque
el ataque no es nuevo, sino que viene precedido por intentos reiterados, tanto
en España como en
diversas comunidades autónomas.
Fuente:
InfoCatólica
