Toda la educación concertada de nuestro país rechaza esta ley: «También rechazamos las calumnias y falsedades que se están vertiendo sobre la enseñanza concertada, sobre las familias que la elegimos libremente, sobre sus trabajadores y sus titulares con el único propósito de desprestigiar a un sector que contribuye, de forma muy positiva, a la educación y formación de una buena parte de la sociedad. La concertada, la religión, la diferenciada, la educación especial, no son problemas reales del sistema educativo, pero esta Ley quiere su desaparición».
Además, recuerdan que en esta ley se afirma el derecho a la educación de todos mediante la oferta exclusiva de plazas escolares pública. Por eso, se preguntan si la concertada no contribuye al derecho de todos a la educación desde hace más de 40 años. «El Estado, la administración, ha de ser subsidiaria de los derechos que tiene las familias, los ciudadanos y no al revés», aseguran.
Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA, y Pedro Caballero, presidente de la CONCAPA, fueron los encargados de leer em manifiesto de esta segunda concentración en toda España. En la plaza de Cibeles, con el colapso de coches hasta la plaza de Castilla de Madrid, Más Plurales ha asegurado que van a seguir diciendo que no a la LOMLOE: «Se equivocan si creen que vamos a estar callados ante este atropello».
Cerca de un millón de personas en cincuenta ciudades de todo el país han salido a la calle para protestar por lo que consideran un atropello a sus libertades democráticas y educativas. A través de Youtube, Sara de la Torre, redactora jefe de ECCLESIA, y José Calderero, periodista de Alfa y Omega, retransmitieron durante dos horas, desde Madrid, esta concentración de coches.
Sin diálogo, sin negociación, sin consenso político y social. En medio de una excepcional pandemia mundial que está requiriendo un enorme sacrificio a las familias, alumnado, trabajadores, equipos directivos y titulares de los centros. Con una tramitación parlamentaria exprés en la que, por primera vez, se ha vetado la participación de la sociedad civil. Así es como el Gobierno, desde la imposición, va a aprobar esta Ley. Ni es el momento, ni son las formas. Después de las distintas concentraciones realizadas contra la Ley y la histórica manifestación del pasado día 22 de noviembre en numerosas capitales y ciudades del Estado, el Gobierno no se ha dignado a hablar con la sociedad, despreciando las opiniones y sentimientos de millones de familias y educadores.
La LOMLOE tiene una enorme carga ideológica que restringe duramente derechos y libertades individuales y colectivas. Atenta contra la libertad de enseñanza proponiendo una drástica reducción del pluralismo y del derecho a elegir de las familias.
Rechazamos esta Ley con contundencia. También rechazamos las calumnias y falsedades que se están vertiendo sobre la enseñanza concertada, sobre las familias que la elegimos libremente, sobre sus trabajadores y sus titulares con el único propósito de desprestigiar a un sector que contribuye, de forma muy positiva, a la educación y formación de una buena parte de la sociedad. La concertada, la religión, la diferenciada, la educación especial, no son problemas reales del sistema educativo, pero esta Ley quiere su desaparición.
La LOMLOE asigna a la enseñanza concertada un papel absolutamente subsidiario con relación a la enseñanza pública. La programación de la red de centros y la oferta de plazas escolares se hará sin tener en cuenta lo que las familias solicitan y se escolarizará en función de las decisiones e intereses de las administraciones. El derecho de elegir es de los padres y no deben ser las administraciones quienes lo hagan por ellos.
Se afirma en la Ley que el derecho a la educación de todos lo deben garantizar los poderes públicos mediante la oferta exclusiva de plazas escolares públicas ¿Y la concertada? ¿No contribuye al derecho de todos a la educación desde hace más de 40 años? El Estado, la administración, ha de ser subsidiaria de los derechos que tiene las familias, los ciudadanos y no al revés.
Hoy nos manifestamos de nuevo contra la LOMLOE y a favor de la libertad, la pluralidad y el derecho a elegir. Defendemos y reclamamos:
· Que la sociedad española es diversa, democrática, tolerante y
participativa. Por ello, la escuela debe ser también plural, gratuita y
universal. Esto sólo es posible si hay diversidad de escuelas con proyectos
educativos y pedagógicos propios y se pueden elegir libremente.
· Que la enseñanza concertada posibilita un modelo plural,
heterogéneo e inclusivo. Deseamos una educación pública plural y de calidad,
pero eso no se logra legislando contra la enseñanza concertada y su diversidad
de proyectos.
· Defendemos la pacífica y armónica convivencia de las tres redes:
pública, privada concertada y privada. No aceptamos que la LOMLOE permita
imponer la distribución del alumnado basada en la planificación arbitraria de
la Administración por encima de necesidades reales de escolarización
manifestadas por las familias.
· Exigimos al Estado y a las administraciones que cumplan con su
obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y
concertados para garantizar la gratuidad real de ambos, cubriendo sus
necesidades materiales y de recursos humanos en igualdad de condiciones, pues
ambas redes deben prestar un servicio educativo público de igual calidad al
alcance de todos.
· Demandamos que se respeten los derechos y acuerdos
internacionales que existen sobre la asignatura de Religión. Es una opción mayoritaria
de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya
voluntad debe ser respetada.
· Pedimos al Gobierno una dotación suficiente de recursos para
atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los colegios
de educación especial y que los padres o tutores puedan elegir libremente en
qué tipo de centro quieren escolarizar a sus hijos pues ambos son inclusivos.
· Denunciamos que la LOMLOE abandona a los trabajadores y
profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una
sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones. La nueva ley debe
garantizar financiación suficiente para mejorar las condiciones laborales,
retribuciones y jornada de los docentes, personal de administración y servicios
y personal complementario de todos los centros de la red concertada y de
educación especial.
