Ayer por la mañana el consejo de
ministros hizo público el informe sobre las
inmatriculaciones de la Iglesia.
Un conjunto de 35.000 inmuebles
que las casi 40.000 instituciones de la Iglesia que podrían haber inmatriculado
han realizado en el período previsto por la legislación vigente. Nos agrada el
reconocimiento que han hecho en el propio informe de que la Iglesia ha seguido
la legalidad en la realización de este criterio inmatriculador». Con estas
palabras, el secretario general de la Conferencia Episcopal
Española, Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, se ha referido
al informe del Gobierno en el que no ha encontrado irregularidades en las
propiedades que la Iglesia habría registrado, es decir, que reconoce que
la Iglesia ha inmatriculado sus bienes conforme a la legalidad.
«Es verdad que además existían
dos años después de cada acto inmatriculador para que personas con mejor
derecho o instituciones pudieran reclamar la titularidad de esos bienes», ha
explicado el secretario. En todo caso, «la Iglesia no quiere que esté a su
nombre nada que no sea suyo, por eso si alguien viniese con mejor derecho y que
pudiera revisar la inmatriculación realizada, cada institución de la iglesia
que haya inmatriculado, está dispuesta a hacer esa revisión si el derecho lo
permite y las exigencias de la legalidad nos lo pide».
En total, son 34.961 propiedades
que las diferentes entidades eclesiales inmatricularon como propias entre 1998
y 2015, bienes de la Iglesia, ha recordado el secretario que «están al servicio
del bien común a través de las actividades propias de la comunidad cristiana:
en la liturgia, en la catequesis, en la caridad, y que muchos de ellos tienen
también un extraordinario valor histórico, artístico y cultural que también
desde los pequeños pueblos están al servicio de la sociedad para poder visitar,
para poder realizar actividades que pongan en valor esta capacidad cultural y
artística que nuestros bienes tienen».
Desde la Conferencia Episcopal,
ha insistido Argüello, «seguimos haciendo un llamamiento a la colaboración
entre la Iglesia, la sociedad y las administraciones públicas para que el
mantenimiento de estos bienes y al mismo tiempo, para que su uso, el propio de
los mismos en la liturgia, en la acción de la Iglesia y el que pueda realizarse
para el bien común, social, artístico y cultural pueda seguir realizándose».
Fuente: Revista Ecclesia
