Sin ninguna ley, solo con la Constitución, miles la han aplicado
Carolina Darias, ministra de Sanidad... el ministerio repite que no se harán leyes
sobre objeción de conciencia
El Ministerio de Sanidad
español, a través de una respuesta parlamentaria (a la que ha tenido acceso
el digital ConSalud.es), ha
descartado que vaya a elaborar una norma específica sobre objeción de conciencia sanitaria.
Su respuesta sostiene
que la objeción “ya viene recogida, suficientemente, en el ordenamiento
jurídico”.
Así, parece que este
Gobierno que ha implantado la eutanasia, sostenido por una alianza de
socialistas y comunistas, renuncia a intentar recortar y limitar la
objeción de conciencia sanitaria, que en España es muy amplia y emana
directamente de la Constitución.
Sin ninguna ley, solo con la Constitución, miles la han aplicado
Desde que se aprobó la
Constitución española en 1978, muchos miles de españoles, especialmente
en el ámbito sanitario, han ejercido la objeción de conciencia contra
prácticas que repugnaban a su conciencia y a la buena ética médica, como el
aborto, esterilizaciones y otras técnicas... Lo han hecho sin necesidad
de una ley de objeción, simplemente acogiéndose a la Constitución.
En 2020 y 2021 ha vuelto
el debate sobre si debería haber una ley regulando más la objeción de
conciencia, que con el actual parlamento con mayoría de izquierda
buscaría limitar mucho este derecho y
acosar a los sanitarios que creen en los valores provida o hipocráticos.
El aborto, pese llevar
despenalizado desde los años 80, nunca se normaliza: repugna
a los sanitarios, obstetras y comadronas y lo practica sólo una casta
especializada, centrada en las clínicas abortistas. La objeción de
conciencia está extendidísima pese a que en el país se han eliminado ya
más de 2 millones de vidas humanas con esta práctica.
La eutanasia, por su
parte, es una novedad absoluta, implantada por los políticos, desde sus
escaños, sin consultar con los médicos. Es vista por médicos y enfermeras
como una tarea anti-médica. Matar en lugar de cuidar o curar es
algo propio de un verdugo, no de un sanitario, señalan muchos.
Es pronto para
confirmarlo, pero parece que en este contexto a la eutanasia le pasará en
España como al aborto: lo practicarán unos pocos técnicos especializados.
"Ese es el que hace eutanasias", dirán. (Hay inquietud sobre
los efectos en la salud mental que tiene para un médico practicar muchas
eutanasias, como señalamos ya aquí).
La objeción a la eutanasia, en la ley y las normas autonómicas
El partido Vox preguntó
al Gobierno, mediante pregunta parlamentaria, si pensaba promover “la
regulación de la objeción de conciencia sanitaria en una norma independiente”.
Sanidad ha respondido
que no hace falta y que se dejarán las cosas como están, recordando que la
objeción de conciencia está incluida en el “derecho fundamental a la libertad
ideológica y religiosa”, reconocido en el artículo 16.1 de la
Constitución Española, y como tal “es directamente aplicable, especialmente en
materia de derechos fundamentales”.
En el caso concreto de la
eutanasia -la gran novedad, no sólo para las leyes españolas, sino para la misma
idea de medicina en nuestra civilización- la ley española define la
objeción de conciencia sanitaria como un “derecho individual de los
profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria
reguladas en esta Ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones”,
y da más detalles en un "Manual de buenas prácticas" en
eutanasia y en las comisiones de garantías creadas por las CC.AA".
La respuesta del
Gobierno es que la ley de eutanasia "establece un deber meramente formal,
exigible sólo a profesionales sanitarios directamente implicados en la
prestación, de formular dicha intención anticipadamente y por escrito,
pero sin exigir una determinada anticipación que de no cumplirse
implique una pérdida del derecho”.
Es decir, el
Gobierno parece admitir que negarse a hacer eutanasias con cualquier
anticipación (¿incluso minutos antes de poner la inyección letal?) ya es lícito,
porque no se exige "una determinada anticipación".
A la protesta de que
las listas de objetores puedan usarse contra ellos, el Gobierno responde
que quedan protegidos por su derecho a la intimidad.
Sanidad detalla además
que el "Manual de buenas prácticas en eutanasia", aprobado por el
Consejo Interterritorial, “establece que las administraciones
sanitarias deban aceptar aquellas objeciones de conciencia que no hayan sido
inscritas previamente en el registro” y que ese documento reconoce
tanto “la objeción sobrevenida” como la “reversibilidad en la decisión”.
Que haya suficientes técnicos
eutanasiadores para cumplir con la "demanda" es tarea de las
comunidades autónomas, sus protocolos y comisiones, añade la respuesta.
¿Y la objeción de los hospitales con ideario?
Así las cosas, parece
que el Gobierno español desiste de lanzar proyectos legislativos para recortar
la objeción de conciencia sanitaria ante prácticas que repugnan la moral y la
ética sanitaria. Los lobbies pro-aborto y pro-eutanasia y probablemente otras
fuerzas de izquierda probablemente protestarán ante esto.
Uno de los campos
de batalla que permanecen es el de la objeción de las entidades y
asociaciones, como hospitales religiosos, centros concertados, etc...
Federico de Montalvo,
profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Comillas y presidente
del muy oficial Comité de Bioética de España (organismo del Gobierno) defiende
que la Constitución reconoce en su artículo 16 (que sirve de base a la objeción
de conciencia) "la libertad ideológica, religiosa y de culto de
los individuos Y LAS COMUNIDADES”. Montalvo defiende que
hay jurisprudencia reconociendo que hay entidades -como un hospital
religioso- que "son titulares de la objeción de conciencia en su
condición de titulares de un ideario".
Aunque esta respuesta
del Gobierno parezca suavizar las cosas, habrá mil choques a nivel
autonómico, incluso caso a caso, y muchas formas de presiones y represalias contra
los médicos provida que defiende la ética hipocrática.
Los médicos y sanitarios
no deberían dejar de protegerse y asociarse a entidades como ANDOC, que
defienden la objeción de conciencia sanitaria.
P.J.G
Fuente: ReL
