Gracias a
los acuerdos Iglesia-Estado se han conseguido grandes logros como la
financiación de la Iglesia o la colaboración en torno al patrimonio artístico
religioso, pero aún quedan asignaturas pendientes, como la clase de Religión o
las exenciones tributarias de los edificios eclesiales
El
debate sobre la necesidad de reformar la Carta Magna, aprobada en referéndum
por mayoría en 1978, nos lleva a plantearnos la necesidad de debatir sobre la
vigencia de los acuerdos Iglesia-Estado que, salvo el referido al nombramiento
de obispos –firmado en fase preconstitucional en julio de 1976–, son
consecuencia de aquella ley fundamental del Estado que sigue siendo nuestra
norma para el establecimiento del Estado de Derecho en España.
Estos
acuerdos (que no concordato, instrumento jurídico definitivamente suprimido el
3 de enero de 1979) han constituido un éxito global, ya que han contribuido a
materializar lo estipulado en el artículo 16.3 de la Constitución de 1978, en
el sentido de que los poderes públicos se comprometerían a mantener «relaciones
de cooperación» con la Iglesia católica y con el resto de confesiones.
Uno
de sus principales logros está en relación con los nombramientos de obispos. Ya
en su momento el Concilio Vaticano II solicitó a aquellos países que poseyeran
el privilegio de presentación que renunciaran a dicho privilegio «libre y
espontáneamente». En el caso español esta renuncia fue más difícil, ya que se
encontraba directamente vinculada a Franco. Pero, con la monarquía y la
renuncia de don Juan Carlos a dicho privilegio de presentación, la Santa Sede
recuperó la libertad para nombrar obispos.
También
ha sido un logro el tema de la financiación, aunque cierto es que no se ha
llegado a la completa autofinanciación. En ese sentido, la Iglesia española
debe hacer un esfuerzo de comunicación para aclarar que nuestra institución no
vive de subvenciones, sino que sus ingresos proceden mayoritariamente de
fuentes propias, a las que añadir en torno al 20 % que llega vía cesión por
parte del Estado del 0,7 % del IRPF. El acuerdo de diciembre de 2006 ha sido la
única modificación que han vivido los textos firmados entre 1976 y 1979,
aumentando la cifra del 0,52 % inicial al 0,7 %, al tiempo que se renunciaba a
la dotación complementaria que existió durante décadas.
El patrimonio
histórico-artístico
Pero
si hay un éxito particularmente importante es el relacionado con el patrimonio
histórico-artístico, recordando aquello que decía el acuerdo de que el
patrimonio de la Iglesia formaba parte del «acervo cultural de la nación». En
efecto, las diversas administraciones han ido firmando numerosos acuerdos de
colaboración con las diócesis en orden a que ese patrimonio histórico-artístico
repercutiera favorablemente en el desarrollo económico nacional, siendo
particularmente relevante lo que aporta a las arcas del Estado toda la
afluencia turística que viene con la intención de conocer las imponentes
catedrales de nuestro país o las numerosas iglesias y demás edificios religiosos.
Particular mención merece el Camino de Santiago, recorrido todos los años por
miles de turistas y que adquiere cada vez mayor categoría internacional.
Frente
a ello hay que constatar el palmario incumplimiento de todo lo relativo a la
asignatura de Religión, sobre todo si tenemos en cuenta que los acuerdos
Iglesia-Estado establecieron, en enero de 1979, que debía impartirse «en las
mismas condiciones que el resto de asignaturas». La realidad es que las
diferentes leyes educativas no han atendido a lo acordado entre el Gobierno
español y la Santa Sede, sometiendo a la Religión a una marginación más que
evidente. La LOCE, aprobada en tiempos del segundo Gobierno Aznar, fue la única
que intentó cumplir lo establecido en los acuerdos parciales, pero no sirvió de
nada, ya que la victoria electoral de Zapatero en marzo de 2004 supuso la no
puesta en marcha de la misma, aun cuando ya había superado todos los trámites
parlamentarios. Sería sustituida dos años después por la insulsa LOE, que no
suponía más que una reafirmación de la LOGSE aportando la evaluación de las
competencias básicas que ni siquiera hoy en día saben cómo aplicar en muchos
centros a las calificaciones del alumnado.
Por
otra parte, siempre va a formar parte del debate político la cuestión de las
exenciones tributarias, de las que la Iglesia española se beneficia en función
de lo establecido en el acuerdo sobre asuntos económicos y, por asimilación a
otras entidades no lucrativas, en la ley de mecenazgo. Puede plantearse la
posibilidad de revisar estas exenciones, en particular aquellos edificios de la
Iglesia donde no hay culto en este momento ni vive nadie por la escasez de
vocaciones y el envejecimiento del clero y los religiosos. Pero es conveniente
recordar que la institución se somete todos los años al examen de la
ya Declaración de la Renta –a los contribuyentes se les pregunta si desean
dedicar el 0,7 % de este impuesto a la Iglesia o bien a otros fines sociales–,
examen que, sin embargo, no es realizado ni a los partidos políticos ni a las
fuerzas sindicales, cuya representatividad en nuestra sociedad es mucho menor
que la perteneciente a la Iglesia católica.
Matrimonio y aborto
No
podemos olvidar el tema del matrimonio canónico, que, gracias a los actuales
acuerdos Iglesia-Estado, goza de plenos efectos civiles desde prácticamente los
inicios de la democracia. Se trata de una cuestión que en este momento afecta a
uno de cada cuatro matrimonios que se celebran en nuestro país. Como actor
social de gran relevancia en nuestro país, la Iglesia tiene una palabra importante
que decir en este tipo de cuestiones, en un marco de diálogo respetuoso con las
autoridades legítimas. Y la legislación eclesial y la civil van por caminos
distintos: mientras la primera solo reconoce las situaciones de separación y
nulidad, en el caso del segundo la ruptura del vínculo conyugal se traduce en
lo que conocemos como divorcio.
Como
en el caso de la asignatura de Religión, la actitud de los gobiernos (en
particular los de izquierdas) ha sido poco dialogante. Más que en relación con
el matrimonio, lo ha sido en el sentido de la desprotección de la familia. Ya
en junio de 1981 la institución del matrimonio no salió bien parada cuando,
estando al frente del ministerio de Justicia un socialdemócrata –Francisco
Fernández Ordóñez, fallecido en 1992–, se hizo aprobar una ley del divorcio –la
segunda en la historia de España tras la de la II República– francamente lesiva
para los intereses de la Iglesia, por cuanto facilitaba, y mucho, la ruptura
del vínculo conyugal, olvidando que el primer sujeto al que esta ley debe
proteger es a la descendencia. Si ya la ley de 1981 no se negoció con la
Conferencia Episcopal ni con la Santa Sede, menos aún se hizo con el llamado
divorcio exprés de 2005: toda una conculcación del Derecho, en la medida que
bastaba la declaración de uno de los dos cónyuges para que el vínculo que les
unía quedara definitivamente disuelto.
Tampoco
se tuvo en cuenta, en relación con las dos leyes que permiten la interrupción
voluntaria del embarazo –la de 1985 y la de 2009–, la importancia del nasciturus,
del no nacido, en el sentido de preservar su desarrollo embrionario. La segunda
ley –conocida como Ley Aído por ser Bibiana Aído, ministra entonces de
Igualdad, la que tramitó dicha ley–, no nació de ningún pacto entre fuerzas
políticas, ni menos aún partió de conclusiones elaboradas por un comité
especializado, sino que se inició a partir de un comité donde todos los
miembros tenían la misma visión ideológica y finalizó con una ley de plazos
donde se daban auténticos disparates como permitir a una adolescente
interrumpir su embarazo a pesar de no haber cumplido los 18 años de edad, y
donde se daba la posibilidad de que sus progenitores no solo no tuvieran que
dar el necesario consentimiento, sino que ni siquiera se exigía el
consentimiento de los mismos.
Cierto
es que tenía su parte bienintencionada, como acabar con las numerosas clínicas
abortistas que no daban ninguna garantía de protección sanitaria y se habían
convertido en un auténtico negocio de la muerte, pero hubiera sido más eficaz
reforzar la formación educativa de las futuras generaciones en sexualidad, cosa
que no se hizo. Afortunadamente, durante la siguiente legislatura (2011-15) el
Gobierno presidido por Mariano Rajoy rectificó este último extremo y, aunque la
llamada ley de plazos sigue estando en vigor, ya no se da la posibilidad de que
menores entre los 16 y los 18 años pueden asumir una decisión de tal calado sin
conocimiento ni consentimiento paterno.
Estos
acuerdos Iglesia-Estado firmados en plena transición democrática han
posibilitado una relación bastante cordial entre los diferentes gobiernos –solo
la etapa de Zapatero resultó desafortunada– y la institución, y por ello,
teniendo siempre presente que España es un país donde el cristianismo sigue aun
siendo su principal seña de identidad, sería positivo que fueran reforzados en
aras del beneficio de ambas partes.
25 años de acuerdos con
evangélicos, judíos y musulmanes
Evangélicos,
judíos y musulmanes celebraron en noviembre en el Congreso de los Diputados el
25º aniversario de los acuerdos de cooperación firmados con el Estado. Durante
el acto, los líderes de las federaciones religiosas realizaron un balance
positivo de sus relaciones con el Gobierno español. El presidente de la
Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Querub, destacó la firma de
los acuerdos en 1992 como un acontecimiento que permitió «la normalización de
la vida judía en España tras 500 años de ausencia».
El
presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatari, destacó que en
España se vela «por la convivencia de todos los ciudadanos independientemente
de sus confesiones». Por su parte, el presidente de la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España, Mariano Blázquez, reconoció que los acuerdos
«se podrían usar más profundamente».
Pablo Martín de Santa Olalla
Profesor de la Universidad Europea de Madrid, autor de El Rey, la Iglesia y la Transición y coautor de 50 años de la Conferencia Episcopal. Historia de una colegialidad
Profesor de la Universidad Europea de Madrid, autor de El Rey, la Iglesia y la Transición y coautor de 50 años de la Conferencia Episcopal. Historia de una colegialidad
Fuente:
Alafa y Omega
