Hay
países que niegan o manipulan el derecho que asiste a los padres a educar a sus
hijos según sus convicciones, como afirma la Declaración Universal de los
Derechos Humanos
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| Evgeny Atamanenko - Shutterstock |
¿Peligra
la libertad de educación y enseñanza? ¿Tienen
los padres el derecho, o no, a elegir el tipo de educación que quieran para sus
hijos? ¿Es el Estado o los poderes públicos quienes deben anteponerse a los
padres en la educación de los hijos? ¿A quién corresponde la educación
de los hijos menores de edad? ¿De quién es la tutela de los hijos?
¿Debería el Estado ser el
que detenta el derecho a la educación de los ciudadanos, siendo el único
poseedor y gestor de los centros de enseñanza? ¿Hasta dónde puede entrar en la
educación de las convicciones morales y de conciencia de las personas? ¿Tiene
derecho, o no, la Iglesia católica y otras confesiones y organizaciones de
derecho público a fundar escuelas y dirigirlas?
Todas estas preguntas hoy
son especialmente graves en España, porque de vez en cuando el poder político
entra en la interpretación – y manipulación – de los derechos humanos
fundamentales, reconocidos por todos los estados democráticos. Y los
depositarios de la libertad de educación son “preferentemente” las familias,
los padres, según recogen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
mayor parte de las Constituciones del mundo.
Entre
las ideologías actualmente de moda cobra especialmente relevancia la llamada “ideología de género”, que elimina
cualquier diferencia entre hombres y mujeres, imponiendo una concepción del ser
humano, especialmente en lo tocante a su comprensión de la sexualidad y de la
ontología de la persona, y por tanto, afectando a las convicciones morales.
Volvamos
a la educación.
El artículo 26, 1 y 3, de la Declaración Universal de los Derecho Humanos dice:
- Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
- Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Las
constituciones de los países democráticos, con mayor o menor énfasis, reconocen
la libertad de enseñanza, que será gratuita en los niveles obligatorios, o sea
que habrá libertad para la creación de centros, siempre dentro de los
principios constitucionales, y los padres podrán elegir a los que mejor se
adapten a la formación que ellos quieren dar a sus hijos.
Cabe ahora decir: ¿es una
política de derechas defender la libertad de los padres en la educación de sus
hijos? Al ser un derecho fundamental, el artículo 26 mencionado, como los
demás, no puede ser ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. Los
derechos fundamentales de las personas deben ser protegidos por todos y están
por encima de los partidos, de las ideologías y del propio Estado.
El
papa Francisco, en su Exhortación Apostólica “La alegría del amor”, dice (n.
84): “la educación integral de los hijos es obligación gravísima, a la vez que
un derecho primario de los padres. No es solo una carga o un peso, sino un
derecho esencial e insustituible que están llamados a defender y que nadie
debería pretender quitarlos”.
¿Quién
quiere imponer, entonces, una ideología a los niños, ajena -o contraria- de lo
que quieren sus padres? Sin duda partidos políticos que quieren
recortar o suprimir, de manera directa o indirecta, los derechos fundamentales
que asisten a los padres en la educación de los hijos, no porque sean
propietarios, sino porque tienen su custodia.
Habrá
padres que querrán la educación en base a la ideología de género, y podrán
elegirla, pero ¿y los que quieren otro tipo de educación? ¿no están también en
su derecho?
Por otra parte, si la Constitución asegura una educación
gratuita en los niveles obligatorios, habrá que sostener a los centros de
enseñanza con dinero público que es de todos los ciudadanos, en aras a una
justicia distributiva. En España, por ejemplo, los colegios privados
sostenidos con dinero público reciben del Estado solo un 60 por 100 del coste
real de la educación (se le llama “concierto educativo”). ¿Y el resto? Lo deben
aportar los padres necesariamente porque el dinero no llueve del cielo. Esto
crea una discriminación entre los padres por razones económicas: solo pueden
elegir los que tienen dinero. Además, ¿por
qué los centros públicos no han de tener una oferta educativa plural también?
En definitiva: de acuerdo
con los derechos humanos fundamentales, los padres no pueden estar obligados
por el poder público a enviar a sus hijos a cualquier centro que le indique el
gobierno de turno, sino que han de tener la posibilidad de elegir entre
diversos modelos educativos.
El problema que tiene España
en la educación, tanto pública como privada sostenida con fondos públicos, es
que no ha habido un Pacto Nacional de la Educación en el que sientan cómodos
tanto los partidos de derecha como los de izquierda. Por eso ha habido tantas
leyes orgánicas de educación como gobiernos ha tenido España. La izquierda ha manifestado en reiteradas
ocasiones su intención de controlar los contenidos educativos en España, y de
reducir al máximo la escuela no pública, que supone el 30 por ciento de la
oferta educativa en ese país.
El pacto solo se produjo en
la elaboración de la Constitución vigente (art. 27, dedicado a la educación
libre, obligatoria y gratuita) que afirma, en el punto 3, que “los poderes públicos garantizan el derecho
que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. La letra es
meridianamente clara, ¿lo será el espíritu con el que los políticos la
interpretan?
Salvador
Aragonés
Fuente:
Aleteia
