Publicado
durante el “estado de alarma”
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| Proyecto de Ley de Educación, España (C) CEE |
La
Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia
Episcopal Española ha emitido una nota sobre el Proyecto de Ley
de Educación publicado por el Gobierno español durante el “estado de alarma”
ocasionado por la pandemia del coronavirus.
Según
informa la Confederación
Española de Colegios Concertados (CECE), esta Ley elimina la
demanda social como criterio de programación de plazas gratuitas y permite la
distribución del alumnado por la administración educativa sin tener en cuenta
la libertad de elección de los padres.
También
habla de un derecho a la educación pública que difiere del mero derecho a la
educación reconocido en la Constitución; introduce la figura de un comisario
político en los centros concertados; y posterga la enseñanza de la Religión,
imponiendo una nueva asignatura en valores éticos y cívicos que no se apoya en
valores consensuados.
Del
mismo modo, limita la autonomía de los centros, arremete contra la educación
diferenciada y pone en duda la supervivencia de los centros específicos de
Educación Especial.
Derecho a la educación y a
la libertad
Dado
que este Proyecto de Ley afecta a toda la sociedad española y al futuro de
todos, la Comisión para la Educación y la Cultura, tras examinarlo, insiste “en
la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y la libertad de
enseñanza, tal como se explicitan en la Constitución y en su interpretación
jurisprudencial”.
Igualmente,
el comunicado expresa la preocupación de que “se recojan plenamente las
consecuencias de estos principios en la nueva Ley, y en primer lugar el respeto
por la responsabilidad y los derechos de los padres en la educación de los
hijos”.
“Si
el Estado tiene una tarea principal en la defensa y la promoción del bien de la
educación para todos, no es sin embargo el sujeto del derecho educativo”,
aclara.
En
este sentido, se expone como necesario que, a diferencia del actual Proyecto,
“la futura Ley siga recogiendo la ‘demanda social’ en todas las etapas del
proceso educativo, desde la libertad de elección de centro escolar, que incluye
la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones, al trato en igualdad de
condiciones de los diversos centros y a la libertad para su creación”.
Asignatura de Religión
Debido
a que la formación integral es un principio educativo recogido también por la
Constitución Española, la Comisión apunta que, en consecuencia, “no puede
excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de
la persona, de modo que ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre”,
recogida en la asignatura de Religión y reconocida en otros sistemas educativos
europeos.
Del
mismo modo, insiste en que dicha materia “no puede plantearse de manera ajena a
la identidad cultural, moral y religiosa de la persona” y que el conocimiento
de la sociedad actual “no se entendería sin conocer y comprender la fe
cristiana”: “Conocer y comprender la propia realidad es el método adecuado para
poder luego actuar con libertad”.
El
texto clarifica también que la asignatura de Religión “puede ser integrada de
varios modos en el área de conocimiento que le corresponda en el currículo, de
modo que no se generen para nadie agravios comparativos y debe ser una
asignatura comparable a otras asignaturas fundamentales” y, por tanto,
evaluable de igual manera.
Disponibilidad para el
diálogo
Además,
el comunicado subraya que estos derechos y libertades, estos bienes relativos a
la educación, recogidos en la Constitución, “han sido también confirmados en
varias ocasiones por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” y están
contenidos en los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede.
Finalmente,
la Conferencia Episcopal Española recuerda que no se puede ignorar el marco
jurídico fundamental, que, “defendiendo los derechos y libertades
fundamentales, constituye la base no solo de nuestro ‘pacto social’, sino
también de un muy deseable ‘pacto escolar’” y ofrece su “plena disponibilidad”
para dialogar y colaborar en el proceso de preparación de la nueva Ley de
Educación.
Larissa
I. López
Fuente:
Zenit






