Aprobada el 19 de noviembre
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Publicada tras la celebración de
la Asamblea Plenaria de otoño, del 19 al 20 de noviembre, la comunicación
comienza recordando que el Congreso de los Diputados aprobó la nueva ley
educativa para ser tramitada en el Senado y volver de nuevo para
su “aprobación definitiva”.
La Educación, señala, “tiene un
significado singular y relevante para la vida y el futuro de niños y jóvenes,
de las familias y de la sociedad entera”, y “es el ámbito donde se contribuye a
edificar el porvenir de una nación y su salud democrática”.
Apoyo a la docencia
Dada la inquietud que “ha
generado la formulación y la manera de tramitarse de la nueva ley”, los obispos
han creído “necesario ofrecer ahora algunas reflexiones”. Pero antes han
expresado su “reconocimiento a todos los docentes que en este tiempo de
pandemia están redoblando sus esfuerzos para seguir educando y formando a las
nuevas generaciones”.
“Es un trabajo silencioso, pero
nos consta que se realiza con una dedicación personal y profesional que permite
mantener la tarea escolar por encima de todo”, apuntan.
Problemática de la nueva ley
Los prelados españoles lamentan
en particular la tramitación de la Ley LOMLOE “a pesar de las difíciles
circunstancias causadas por la pandemia y con unos ritmos extremadamente
acelerados”, pues ello “ha impedido la participación adecuada de toda la
comunidad educativa y de los diferentes sujetos sociales”.
Consideran “necesario insistir”
en que el “verdadero sujeto de la educación es la sociedad”, y en primera
instancia la familia: “No sería aceptable que el Estado pretendiera apropiarse
de este protagonismo de la familia y de la sociedad, a cuyo servicio está
llamado, identificando el carácter público de la enseñanza con su dimensión
organizativa de carácter estatal. No solo lo que es de titularidad estatal es
público”.
Se han sumado a las palabras
del Papa Francisco sobre la urgencia de un Pacto Educativo Global,
“que el Gobierno ha aplaudido de manera informal”, y que tiene el significado
de “privilegiar el camino del diálogo, de la escucha y del acuerdo”, de manera
que las “propias posiciones ideológicas” , todas “confesionales”, no se
conviertan en “criterio de exclusión”.
Fue el presidente de la CEE quien
al inicio de la Asamblea Plenaria dijo que “sería conveniente que de este pacto
educativo pudiera concretarse una ley sólida que no sea objeto de debate con
cada cambio de color político en el Gobierno”.
Apelando a la Constitución
Los obispos ven necesario pedir
que la nueva ley “ofrezca una mayor protección del derecho a la educación
y la libertad de enseñanza”, según marca el artículo 27 de la Constitución
Española y en su “interpretación jurisprudencial”. De esta manera, les preocupa
que dicha ley “introduzca limitaciones a estos derechos y libertades y, en
primer lugar, al ejercicio de la responsabilidad de los padres en la educación
de los hijos”.
Comprenden y apoyan el esfuerzo
realizado por las “familias, plataformas y agentes sociales que en estos días
se han movilizado en la defensa de estos derechos, y particularmente de los
referidos a los alumnos con necesidades especiales”.
En esta línea, han afirmado que
la ley “debería recoger la ‘demanda social’ en todas las etapas del proceso
educativo: libertad de creación de centros escolares, libertad de elección de centro
y propuesta educativa, trato en igualdad de condiciones a los diversos tipos de
centro, para lo cual es necesaria la gratuidad de la enseñanza sin
discriminaciones”.
Educación religiosa y moral
Los mitrados de la CEE lamentan
“profundamente los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de
las instituciones católicas concertadas”. “No es el momento”, indican, de
“enfrentar entidades e instituciones educativas, sino de trabajar
conjuntamente, en el espacio público, para ofrecer una educación adecuada a
todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país”.
En diálogo con el Ministerio, la
Conferencia Episcopal Española ha recordado que “no puede excluirse del ámbito
escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona, para que
ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre, abierto a la búsqueda de la
verdad y comprometido con el bien común, recibiendo para ello una formación
integral”.
Por esto mismo, ha propuesto “que
la enseñanza religiosa escolar quede integrada en un área de conocimiento común
para todos los alumnos, en un modo que no genere para nadie agravios
comparativos”, y ha rememorado que “esta asignatura no debe ser considerada
ajena al proceso educativo, sino que ha de ser comparable a otras asignaturas
fundamentales”.
“Lamentablemente”, su propuesta
no ha recibido respuesta. De hecho, “el texto legislativo aprobado suprime el
valor académico de la evaluación de la asignatura de Religión, y deja a los
alumnos que no cursen esta asignatura sin una formación con contenido escolar”.
Los prelados explican que “no es
aceptable la descalificación de esta asignatura o del trabajo de sus profesores
como adoctrinamiento”, todo lo contrario, “respeta el conjunto de exigencias
propias de su presencia en el ámbito escolar, relativas a la metodología o al
estatuto del profesorado”: Es elegida, prosiguen, “con buenas razones por una
mayoría de familias, y reconocida en su contribución a la educación integral de
la persona y su compromiso en la sociedad. De hecho, está presente en la
mayoría de los sistemas educativos europeos”.
Papel de la Iglesia
Por último, la nota aclara que la
Iglesia ha “desarrollado una gran tradición educativa, que ha sido y deseamos
que siga siendo una riqueza de nuestra sociedad”. “Más allá del debate sobre
una ley”, sigue, “es consciente de la necesidad de seguir defendiendo la
inclusión escolar y educativa de la enseñanza religiosa escolar como integrante
del ámbito de una necesaria educación moral”.
“Y, como Pueblo de Dios, en todos
sus miembros, seguirá trabajando para hacer posible el crecimiento, la libertad
y la pluralidad de la propuesta educativa para servir así al bien de los
alumnos, las familias y toda la sociedad”, concluye.
Gabriel Sales Triguero
Fuente: Zenit
