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| Imagen referencial. Crédito: Pixabay |
El miércoles 24 de septiembre
finalizó el plazo para que los partidos políticos puedan presentar las
enmiendas a la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Educación (LOMLOE),
presentada por el gobierno de España.
Una ley que es especialmente
agresiva contra la educación concertada, la escuela diferenciada y la
asignatura de religión. La LOMLOE también es conocida como Ley Celaá, en
relación con la actual ministra de Educación, Isabel Celaá.
También pretenden fortalecer
la escuela pública, pero a costa de empeorar la situación de la escuela
concertada. “Ni los centros privados, ni los que tienen privatizada su gestión
pueden considerarse públicos en el sentido estricto”, aseguraron.
Entre las enmiendas que
presentaron también está la propuesta de reducir la duración de los conciertos
con las escuelas para que se le retire a quienes “discriminen a los alumnos por
razón de género, religión o procedencia, entre otros”.
Generalmente en España, las
escuelas diferenciadas por sexo suelen ser privadas o concertadas.
Uno de cada cuatro niños en
España estudia en escuelas concertadas. Un modelo de escuela que se encuentra a
medio camino entre lo público y lo privado, ya que depende del concierto entre
la empresa privada que gestiona el centro y la subvención pública que sustenta
económicamente la escuela.
El Estado asume una serie de
responsabilidades como el pago de las nóminas de los trabajadores y establece
unas condiciones generales que deben acatarse en el centro, entre otros.
Por su parte, la empresa
privada es la responsable de la contratación del personal y puede mantener
autonomía relacionada con su tradición educativa, como suele ser en los centros
concertados religiosos, que además de impartir la asignatura de Religión, se
rigen por unos valores determinados o incluso pueden estar diferenciados por
sexos.
La escuela concertada es
también una oportunidad de los padres para que puedan elegir, según recoge la
Constitución española, el modelo de educación que consideren más adecuado para
sus hijos sin que se vean obligados a llevarlos a un centro privado, y por lo
tanto con costes más elevados.
Pedro José Caballero,
presidente de CONCAPA, aseguró que en España “no se segrega, eso es algo que se
hace en países totalitarios, pero no en el nuestro”.
En insiste en que los fondos
públicos deben llegar a toda la red educativa ya que “la Constitución protege
el derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza que desean para sus
hijos”.
Algo que diversas sentencias
del Tribunal Constitucional han ratificado a lo largo de los años y que
muestran que los centros de educación diferenciada “pueden acceder al sistema
de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de centros
educativos”.
Fuente: ACI Prensa
