La Ley educativa sin consenso
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| Imagen referencial. Crédito: Pixabay |
El pasado 22 de noviembre, miles
de personas se concentraron en 30 ciudades de España para mostrar su rechazo a
la Ley Celaá. Sin embargo, el Gobierno de España no ha mostrado ningún cambio
de actitud al respecto de la tramitación de la ley.
“Los grupos políticos saben que
hoy día todo está tan equilibrado que un tema concreto te puede hacer ganar o
perder unas elecciones, y la defensa de la libertad de enseñanza no se agotará
en la tramitación parlamentaria de esta ley, sino que ha venido para quedarse”,
subrayó en una entrevista concedida a ACI Prensa.
Ante esta situación “seguimos
empeñados en que el proyecto de ley se conozca y sea objeto del debate social
que han querido hurtarnos” porque, según apuntó “conocer el contenido de la ley
y rechazarla va casi de suyo”.
También aseguró que quieren
“poner de manifiesto esa defensa de la libertad de enseñanza por una parte muy
importante de la sociedad, para instar a la retirada de la misma en beneficio
de una ley de consenso, o en su defecto, minimizar sus muchos límites a esta
libertad”.
La Ley educativa sin consenso
La Ley Celaá pretende derogar la
actual ley de educación aprobada por el gobierno del Partido Popular en el año
2003 llamada Ley orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Desde el Gobierno socialista,
actualmente en el poder en España, aseguran que la LOMCE se probó sin consenso
pero la Ley Celaá no reúne muchos más apoyos, por eso Muñoz de Priego asegura
que “es inconcebible que el principal motivo que den para derogar la LOMCE de
prisa y corriendo, en plena pandemia, sea que tienen el compromiso de derogarla
por carecer de consenso, y su respuesta sea otra ley partidista más, en la que
no sólo no ha habido consenso, sino que ni siquiera ha habido intención de
diálogo. La LOMLOE tiene visos de convertirse en la peor ley educativa de
la democracia”.
De hecho, subraya que La Ley
Celaá “de momento, es la que menos apoyo ha obtenido en el Congreso” y destacó
que “hasta ahora todas las leyes educativas de esta reciente historia
democrática en España han sido partidistas y sin consenso”.
Sin embargo afirma que nos
encontrábamos ante “una ocasión histórica, porque todo el arco parlamentario
había reconocido la necesidad de un pacto de Estado por la educación y una ley
de consenso que dotara de estabilidad a un sistema educativo castigado por
constantes reformas”.
Pero “la inconsciencia de este
Gobierno no solo nos lleva a otra ley más, también con fecha de caducidad, sino
que va a imposibilitar, más que probablemente, que en los próximos gobiernos se
pretenda ese pacto educativo. De hecho, el PSOE queda claramente deslegitimado
para pedir una ley de consenso en futuras legislaturas”.
Aspectos inconstitucionales
Actualmente la Ley Celaá ha sido
aprobada en el Congreso de los Diputados y continúa su tramitación en el Senado
en los próximos meses, para después ratificarse definitivamente. Por lo tanto,
Muñoz de Priego subraya que “mientras exista tramitación, y por difícil que sea
el cambio, estamos obligados a intentarlo. Es la responsabilidad que hemos
adquirido con todas las personas que nos vienen apoyando desde el principio”,
subrayó.
De hecho subraya que “en muchos
de los aspectos que venimos criticando relacionados con el ejercicio de la
libertad de enseñanza, es cuestionable su constitucionalidad” y destaca que “da
toda la impresión de que se está intentando modificar la Constitución por la
puerta de atrás, por la legislación de desarrollo”.
En ese sentido precisa que “en el
tema de la libertad de elección, del español, de la diferenciada, … será
posiblemente objeto de recurso de insconstitucionalidad”, pero todavía “no es
el momento de pensar en eso” porque “aún hay tramitación parlamentaria y
nuestro esfuerzo sigue centrado en la denuncia y la modificación de la ley”.
“Ya habrá tiempo para el
Constitucional, la Unión europea, la aplicación en Comunidades autónomas y las
actuaciones judiciales concretas cuando se quieran reducir unidades concertadas
con demanda social, como ya lo han intentado en las Comunidades autónomas
gobernadas por el PSOE o por el PSOE y Unidas Podemos, en todos estos últimos
años”, subrayó.
Aplicación en las Comunidades
Autónomas
En ese sentido Muñoz de Priego
explicó que la educación es una de las competencias plenas que tienen las
Comunidades autónomas en España. Eso quiere decir que hay una parte de la ley
que es “normativa básica” y que por tanto debe aplicarse como tal en todo el
territorio. Pero también hay “ámbitos trascendentales” que dependen “de la
aplicación en las comunidades autónomas, como es el caso de la educación
concertada o a la educación especial específica por la que “la ley posibilita
el ataque, pero no obliga al mismo” y esto queda a la consideración de los
gobiernos de cada autonomía.
Sin embargo, el portavoz de Más
Plurales insiste en la importancia de la actual tramitación parlamentaria en el
Senado ya que muchas Comunidades autónomas de España están gobernadas por
coaliciones y mayorías débiles, por lo que dificulta paliar los efectos
negativos de la Ley Celaá.
“Está bien que las Comunidades
autónomas se posicionen para aplicar la ley, dentro de la legalidad, lo menos,
lo peor y lo más tarde posible. Pero seríamos unos ingenuos si ponemos toda
nuestra apuesta a eso. Los cambios de gobiernos autonómicos están siendo muy
habituales”, destacó.
Ley Celaá
La LOMLOE es la Ley Orgánica de
Mejora de la Ley Orgánica de Educación, también conocida como Ley Celaá en
referencia a la Ministra de Educación del actual gobierno socialista de España,
fue elaborada por PSOE y Podemos ie nició su trámite durante el periodo de
estado de alarma por la pandemia de COVID, sin oír el parecer de la comunidad
educativa y, por supuesto, sin consenso. Hoy fue aprobada por el apoyo que
recibieron de los partidos independentistas catalanes y vascos.
Más Plurales ha reunido, hasta el
momento, más de 1.8 millones de firmas contra la aprobación de la Ley Celaá, ya
que alegan que en esta nueva ley educativa es “la imposición de un modelo de
educación único, estatal y laico que pondrá fin a la pluralidad educativa
actual”.
De esta manera, apuntan que “será
el Estado” y no los padres “quien decida la educación que han de recibir los
hijos” y en este modelo educativo no habrá espacio “para la educación
concertada. Miles de colegios cerrarán en los próximos años. Ni para la
asignatura de religión, que vuelve a ser postergada. Ni, por supuesto, para la
educación especial, la cual pese al clamor de los padres afectados, también
desaparecerá”.
Un modelo “fuertemente
intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas
y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una
sociedad democrática”.
Plataforma Más Plurales
Más Plurales integra a más de 260
mil profesionales, docentes y no docentes que ven peligrar la continuidad de
sus centros y sus puestos de trabajo; cerca de 4 millones de familias a la que
se les limita el derecho a elegir el tipo de educación qeu quieren o mejor se
adecúa a las necesidades de sus hijos; más de 3 millones de alumnos que eligen
voluntariamente, en centros de titularidad pública y privada, cursar la
asignatura de Religión; así como más de 9.300 centros de la red concertada y
privada que ven peligrar la continuidad de sus proyectos educativos.
Fuente: ACI Prensa
