El
secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Mons. Luis
Argüello, se reunió con la ministra de Educación y Formación Profesional,
Isabel Celaá, “para iniciar un diálogo sobre la educación en la situación
actual”
Momento del encuentro entre Mons. Argüello y la Ministra Isabel Celaá. Crédito: CEE |
Según
precisan en un comunicado, esta reunión tuvo lugar ayer 30 de julio en el
Ministerio de Educación en “un marco de cordialidad” y en la que se puso de manifiesto
“la relevancia del Artículo 27 de la Constitución como marco de referencia para
un pacto educativo”.
También
subrayaron que en este encuentro se puso “en valor la importancia de la
Enseñanza de la Religión y de la formación moral para una educación
integral; así como el papel de la escuela concertada y su servicio a la
sociedad”.
Además
de Mons. Argüello y la ministra Celaá también asistieron el presidente de la
Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, Alfonso Carrasco; la secretaria
técnica de esta Comisión, Raquel Pérez; así como el Secretario de Estado de
Educación, Alejandro Tiana; y el subsecretario de Educación y Formación
Profesional, Fernando Gurrea.
El
artículo 27 de la Constitución española habla del derecho a la educación y a la
libertad de enseñanza. Hace referencia también a que “la educación tiene por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
Así
como la garantía de los padres, por parte de los poderes públicos, para que
“sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones” y se reconoce la libertad de creación de centros
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales”.
Discrepancias entre el
gobierno y la CEE
Sobre
la asignatura de Religión, la ministra Celaá pretende llevar a cabo la Ley
Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), también
conocida como Ley Celaá. En esta modificación la asignatura de Religión
quedaría excluida del programa educativo.
En
Educación Primaria será de oferta obligatoria y de elección voluntaria. En
Bachillerato no es obligatoria y, de cursarse, su nota no contará para la media
escolar, necesaria para el acceso a la universidad o la concesión de
becas.
No
tendrá asignatura alternativa, es decir, que los estudiantes que no la cursen
podrán irse a su casa.
Sin
embargo, esa misma Ley prevé que los alumnos de 5º y 6º de Primaria, así como
los de 4º de Educación Secundaria deban cursar de manera obligatoria la
asignatura de Valores Cívicos y Éticos, que sí será evaluable.
Desde
su inicio como ministra de Educación, Isabel Celaá ha realizado numerosas
declaraciones polémicas. En enero de 2020 aseguró que “no podemos pensar de
ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres”. A lo que Mons. Argüello
respondió a través de twitter: “Los hijos no somos propiedad de los padres,
¡menos del Estado! Tampoco somos propietarios de nuestro cuerpo. No somos
cosas. Ser hijo, supone participar de un vínculo, fruto y origen de otros
vínculos que respetados y armonizados hacen posible el bien común, personal y
social”.
También
ha sido controvertida la posición de la ministra en relación con los colegios
concertados, muchos de ellos de inspiración católica. Recientemente el Gobierno
de España anunció que dejaría fuera a estos colegios del reparto de dos mil
millones de euros en subvenciones, previstos para la educación dentro del plan
de reconstrucción de España tras el COVID.
A
esto Mons. Argüello respondió que no entendía que se hubiera aprobado “un
criterio del reparto de fondos de ayuda para la educación de España y que se
excluyera a una parte que representa casi un tercio de la red pública en
España”, en referencia a los colegios concertados.
Finalmente
el Congreso de los Diputados no aceptó que los colegios concertados quedaran
fuera de este reparto de subvenciones.
Fuente:
ACI Prensa