El coordinador general de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), José Antonio Díez, denuncia la “discriminación brutal” que sufren los médicos que se oponen a la práctica homicida del aborto
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Imagen referencial. Crédito: Pixabay. |
Así lo asegura en declaraciones a
ACI Prensa, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de España
que afirma que se vulnera el “derecho al aborto” cuando las administraciones
derivan a un establecimiento privado a una mujer que quiere abortar si los
médicos de la sanidad pública no objetan por escrito y de forma
anticipada.
Los hechos se remontan al año
2014, cuando una mujer de 35 años embarazada de seis meses fue informada de que
su hija tenía ciertas posibilidades de padecer agenesia del cuerpo calloso.
Esta afección congénita, si es completa, supone que no hay posibilidad de
conexión entre los hemisferios cerebrales.
El Servicio Murciano de Salud
derivó a la embarazada a un centro abortista privado en Madrid, alegando que no
había médicos dispuestos a practicarlos en el sistema público sanitario de la
región.